Conforme a las tres primeras acepciones del Diccionario de la RAE, 'dignidad' es cualidad de digno, excelencia, realce y gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Por otro lado, y tomando las mismas acepciones, 'digno' es merecedor de algo, correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo y que tiene dignidad o se comporta con ella.

Partiendo de dichos significados, puede afirmarse que, por el mero hecho de serlo, cualquier persona es digna y dispone de la cualidad de la dignidad personal. No obstante, estando siempre asociada al cumplimiento de un deber, la dignidad del abogado adquiere una importancia y trascendencia específica que es clave para la abogacía, y ello sobre la base de su innegable función social en un Estado de Derecho ("ser abogado es dignidad", señalaba Berni i Catalá). Tan es así que, si bien no encontramos en los textos legales y profesionales una definición específica del término dignidad, puede observarse que esta se encuentra referida en multitud de normas como elemento inspirador y orientador del buen hacer del abogado, llegando a identificarse con el propio espíritu de la deontología profesional, lo que la aparta de ser un mero atributo formal y la convierte en un reconocimiento basado en dicha función social.

Esta generalidad con la que viene siendo tratada impide trazar un concepto profesional de la dignidad, pues afectaría a múltiples ámbitos, si bien podemos asociarla tanto al cumplimiento de nuestros deberes profesionales y a la realización de aquello que nos corresponde desde una perspectiva deontológica, como el reconocimiento y merecimiento proporcionado al mérito y condición profesional. Si así actuamos y así se actúa con nosotros, el profesional será digno y acreedor de la cualidad de la dignidad que no sólo disfrutará como abogado, sino que igualmente se proyectará al conjunto de la abogacía.

Y, curiosamente, la dignidad profesional se transforma en indignidad cuando soporta el impacto de agentes externos a los propios abogados, como es el caso endémico de la situación del turno de oficio, cuestión primordial para tantos colegiados y pilar indiscutible para el ejercicio del derecho a la defensa de nuestros ciudadanos; o como las situaciones frustrantes que viven diariamente multitud de compañeros a resultas del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y de algunas interacciones con operadores jurídicos (largas esperas, instalaciones obsoletas, trato en ocasiones desatento y descortés, falta de sensibilidad con situaciones de conciliación familiar...). En estos casos, los abogados actúan con absoluta dignidad, pues prolongan su esfuerzo más allá de lo requerido o soportan estoicamente tensiones más que innecesarias, siendo dichas situaciones las que deslucen y desdoran dicha dignidad y, cómo no, la del colectivo.

El actual estado de la Justicia, la que tanto amamos y que se encuentra en situación de permanente crisis, contribuye enormemente a agravar esta atmósfera negativa, pues todos los operadores que participan diariamente en este servicio público lo hacen en un escenario muchas veces tenso, enrarecido y poco amable que nada ayuda, sin olvidar que, ya de por sí, las cuestiones que se deciden en nuestros juzgados y tribunales constituyen materias duras y complejas en las que las emociones negativas juegan un papel importante.

Por ello, estoy absolutamente convencido de que una justicia moderna, rápida y eficaz coadyuvaría decidida y definitivamente a un clima favorable a las labores defensa que articulamos diariamente los abogados, otros profesionales y operadores jurídicos, reduciendo al máximo la puesta en riesgo de un valor tan importante como nuestra dignidad profesional.

La abogacía como colectivo, en unión de profesionales como los procuradores y los graduados sociales y operadores jurídicos como jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, personal, cuerpos de seguridad y otras personas físicas y jurídicas vinculadas al mundo de la justicia, no sólo hemos de fomentar nuestra colaboración para promover conductas basadas en la dignidad de los profesionales y excluir todo tipo de actitudes que supongan un descrédito o demérito de la profesión, sino que hemos de unirnos y ser proactivos en demandar por todos los medios a las administraciones competentes las necesarias medidas para alcanzar la tan anhelada modernización de la Justicia y, con ello, ese clima de una justicia amable a la que todos aspiramos.

Construyamos una Justicia digna para preservar nuestra dignidad.