Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Baleares han presentado en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la sala de lo penal, Juan Saavedra. Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

El representante de la Asociación para la Recuperación de la memoria histórica de Cataluña, Manuel Perona, ha expuesto los motivos por los que han decidido interponer esta querella en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat (Barcelona), ante la imposibilidad de la entidad de conseguir una sala en Barcelona. Perona ha dicho que consideran que la actuación de los jueces del TS constituye prevaricación porque, a sabiendas de que las decisiones del juez Garzón son sostenibles y jurídicamente aceptables, siguen manteniendo la imputación.

La querella presentada también se basa en que la causa abierta por Garzón es por detenciones ilegales y desapariciones forzadas. "Éstas representan las más graves violaciones contra los derechos humanos, que son crímenes contra la humanidad que no prescriben por ninguna Ley de amnistía", ha subrayado. Perona también ha destacado que si se abre una causa contra Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo "ningún otro magistrado lo hará en el futuro y los efectos para las víctimas serán el desamparo permanente, primeramente por el franquismo y ahora dejándolos fuera del amparo de la Ley por la democracia". Ha considerado también que los efectos "pueden ser irreparables jurídicamente" y que la causa "puede quedar imposibilitada para siempre".

El portavoz de la entidad catalana ha explicado que "una vez más" asisten "perplejos" a la negativa de los poderes públicos de una democracia a "investigar aquellos crímenes y dar cumplimiento a las legítimas y legales demandas de verdad, justicia y reparación demandadas por las asociaciones de víctimas del fascismo y sus asociados: las familias de los desaparecidos de la guerra y la dictadura". Perona ha lamentado que los jueces hayan tenido en cuenta las acusaciones de un "pseudosindicato de extrema derecha" y una "organización como Falange Española, representantes ideológicos de los que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la humanidad cometidos durante aquellos años". También ha criticado que estos "todavía puedan tener representación legal ante las administraciones democráticas".

El representante de la entidad catalana ha reconocido que han tenido un contacto "muy leve y oficial con el juez Garzón para requerir alguna documentación" que les hacía falta y ha subrayado que la iniciativa de esta querella "parte de las familias de las víctimas del franquismo". También ha criticado que las familias de las víctimas no hayan tenido acceso a determina documentación y "en cambio las entidades que acusan a Garzón hayan tenido acceso a toda la información disponible de las familias de los represaliados". Perona ha dicho que numerosas entidades para la recuperación de la memoria histórica de España han anunciado su intención de sumarse a la causa abierta por las asociaciones catalana y balear.

En Madrid, familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se han concentrado a las puertas de la sede del Tribunal Supremo. La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una "profunda indignación" porque el alto tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional.