El ex propietario de Marsans y ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, su socio Ángel de Cabo y los otros siete detenidos en la Operación Crucero pasarán este miércoles a disposición judicial, mientras la Audiencia Nacional ha bloqueado hasta ahora 50 millones que el entramado intentaba sacar de España. Los nueve detenidos permanecen en dependencias policiales hasta que pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido. En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan.

Además, la Policía ha encontrado dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 euros en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido. Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros. De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez. Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que ha añadido que es adecuada "a las circunstancias del caso", así como para garantizar su presencia ante los tribunales. Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde "en absoluto" legitimidad por la "incidencia" de la detención de su ex presidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario "ha hecho bien las cosas".