"Por fin termina el culebrón del verano"

El Córdoba colgó el miércoles un comunicado oficial en su web para dar por cerrado el caso Brugal y sus ramificaciones, que han puesto en el ojo del huracán a Raúl Navas por el supuesto amaño del 4-0 ante el Hércules del pasado 10 de mayo. Según se desprende de unas escuchas telefónicas, la plantilla rechazó 300.000 euros del máximo accionista del club alicantino, Enrique Ortiz, pero el portero sí se vendió a título personal. Ayer, el presidente blanquiverde, José Miguel Salinas, quiso poner el punto y final a la historia, aunque queda una china en el zapato: a pesar de que el juez ha archivado la causa porque el fraude deportivo no será delito en España hasta finales de año y se niega a remitir las cintas a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para evitar "una intromisión en la intimidad", la Fiscalía Anticorrupción recurrirá en los próximos días la decisión del magistrado José Luis de la Fuente.

Salinas reiteró ayer la posición del Córdoba: "El juez ha dicho que no va a dar traslado de las cintas. Si judicialmente el caso está cerrado y federativamente no se va a dar ningún documento con el que abrir un expediente... No hay caso con el que continuar y por fin termina el culebrón del verano".

Sin embargo, la Fiscalía no renuncia a las pruebas que empañan el ascenso del Hércules, que supuestamente también trató de primar al Salamanca, el Girona y el Recreativo -la afición del Betis ha convocado una manifestación para el día 18, y además invitando a la hinchada del Cádiz-. De la Fuente admite que los hechos, "de haberse producido, son muy graves", pero entiende que sería "desproporcionado" utilizar esas pruebas para perseguir una infracción administrativa. El juez se basa en diversas sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo, según las cuales las intervenciones telefónicas únicamente son legales si se realizan para esclarecer delitos graves. Y en este caso, la corrupción deportiva aún no es delito, ya que la reforma del Código Penal no se hará efectiva hasta finales de diciembre.

La polémica parte de las escuchas realizadas por la Policía en el marco del caso Brugal, donde se investiga una trama de corrupción político-empresarial en Alicante ligada al negocio de las basuras. Si el juez se mantiene en sus trece, la decisión final puede corresponder a un tribunal de la Audiencia Provincial, aunque fuentes federativas han aclarado que "si el juez no manda las cintas, no hay nada". Y añaden que "llamaríamos a los implicados a declarar, pero poco más. Si ellos se declaran inocentes, no tenemos medios para demostrar lo contrario".