Guerra abierta en el CCF

La guerra entre el anterior consejo de administración y la actual propiedad no ha hecho más que estallar. Es el primer efecto colateral del informe concursal de Daniel Pastor, en el que declara la gestión de Prasa y del equipo presidido por José Miguel Salinas culpables de que la SAD tuviera que acudir al concurso de acreedores. El conflicto vivió ayer un episodio clave en una escalada de tensión que promete con crecer de tamaño en los próximos meses.

Los miembros de los dos últimos consejos de la etapa Prasa se reunieron ayer en las oficinas de la constructora para analizar la situación y diseñar una estrategia de defensa. Según el informe, sobre las 15 personas físicas que compusieron esos consejos pesa una reclamación de seis millones de euros en concepto de indemnización, una cantidad que iría a parar al actual propietario del club, Carlos González. Pero Salinas desveló ayer otro detalle importante, y es que el documento redactado por Pastor también incluye una reclamación de 2.5 millones de euros a Prasa. La suma hace 8.5 millones, curiosamente, la cifra exacta en la que quedó fijada la deuda del club cuando se realizó el traspaso accionarial en mayo de 2011. Ese detalle ha sido la gota que ha colmado el vaso de un grupo que ayer puso en común sus informaciones para, según el propio Salinas, "poder diseñar, dentro de no mucho tiempo, un cuadro de lo que realmente hay detrás de esa situación".

Y aunque de su boca no salió nunca el nombre, lo que hay detrás de la situación es la llegada de Carlos González al poder. Para Salinas, la petición de esos 2.5 millones a Prasa suponen "un error jurídico evidente que cometen los administradores concursales". "Es una cantidad que no tiene nada que ver con el motivo por el que ellos la piden y que resolvimos de otra forma", incide el expresidente, para quien esa solicitud de indemnización es "un error que abunda la necesidad de alguien de buscar dinero, ya sea de los antiguos consejeros, del Grupo Prasa o de quien sea".

Todo después de que todos los miembros del anterior consejo llegaran a la conclusión de que encuentran "mínimamente fundadas" las razones que han llevado al fallo del informe concursal. "Nuestra defensa va a tener una argumentación enormemente sólida y en las próximas semanas vamos a vivir momentos muy interesantes", anunció Salinas, en la preparación de un fuego cruzado con el actual propietario. Porque es cierto que el nombre de González nunca salió de su boca, y aunque "no quiero hablar de la intencionalidad de nadie, ya veremos lo que se va a vislumbrar y alumbrar. Hay regueros, huellas y pistas que nos van a conducir a otras conclusiones más adelante", apuntó Salinas, en una batalla verbal y legal que no ha hecho más que empezar.

José Romero fue el anfitrión de la reunión, y en su casa pudo conocer de primera mano las impresiones del equipo al que dio el mando del club. Por el momento, Prasa no ha hecho pública su postura oficial, aunque Salinas sí señaló la "sorpresa" que el informe ha provocado en el expropietario del CCF. "No tiene la más mínima consistencia jurídica ni lógica", incidió el antiguo presidente, para quien la reclamación económica del informe concursal "suena a tomadura de pelo". "¿Que alguien sin haber puesto ni un euro piense que se puede llevar ocho millones de euros de quien ha puesto el dinero como Prasa o de nosotros, que hemos estado trabajando?", se preguntó Salinas, con Carlos González claramente en el horizonte.

Tanto es así que durante las más de dos horas de reunión se repasó concienzudamente el contrato de compraventa entre Grupo Prasa y Ecco Documática, la empresa que Carlos González que sirvió de intermediaria para el traspaso accionarial a manos del empresario afincado en Madrid. Ese contrato estipula una claúsula en la que el nuevo propietario asume responsabilidades por la deuda que tenía la SAD en el momento de la compra, y que en voz de Salinas queda reflejado "con una claridad meridiana". "El contrato dice lo que dice, y en su momento tendrá su vehiculación jurídica. Respalda nuestra posición y ejerce una obligación sobre otros clarísima y contundente", incidió el expresidente del Córdoba, quien tras leer el documento con detenimiento avisa que "eso ya tendrá su trámite correspondiente".

En esa batalla abierta que presumiblemente acabará en los juzgados, también se planteará "un debate en toda regla", porque el anterior consejo "está indignado, pero no sólo desde el punto de vista de la dignidad personal. Para muchos de nosotros, que somos economistas, abogados, gente que trabajamos en la calle, esto es un daño profesional espectacular que alguien tendrá que pagar", dijo Salinas, "porque tu reputación personal sufre una merma tremenda, y eso es un daño que a corto plazo es de difícil reparación. Han cruzado todas las líneas de la prudencia".