La incertidumbre deportiva que puede generar la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF a Infinity mediante la creación de una nueva Sociedad Anónima Deportiva es el principal escollo para la definitiva entrada del grupo de inversión con sede en Bahréin en la entidad. Ese desembarco, ni mucho menos descartado pero en fase de estudio por parte del administrador judicial Francisco Estepa desde hace días, supondría una batalla legal con la Real Federación Española de Fútbol de la que el conjunto cordobesista no tiene garantizado salir indemne.

El organismo federativo ya planteó su firme oposición a esa vía recurriendo el auto del juez que autorizaba la venta de la Unidad Productiva a Unión Futbolística Cordobesa –la SAD creada por Infinity para hacerse con el Córdoba CF– y, más tarde, pidiendo incluso la recusación del magistrado titular del juzgado número 1 de lo Mercantil de Córdoba, el señor Antonio Fuentes Bujalance.

A pesar de eso, el representante de Infinity en España, Javier González Calvo, reiteró en su comparecencia ante la prensa que “no hay ley del deporte o federativa que diga que no se puede hacer. No hay ninguna ley que diga que no se tiene que acatar un auto de un juez. No es la primera vez que tras una oposición del ente federativo los tribunales les dicen que tienen que acatar un auto”.

Y es que el derecho deportivo, en algunas ocasiones, ha chocado con el mercantil. Por eso, como reconocieron los representantes de Infinity, desde la Federación “nos transmiten que ellos se tienen que oponer pero, como ha pasado en otras ocasiones, si un juez les ordena acatar la venta de la UP se verán obligados a hacerlo”.

A esa preponderancia de los pronunciamientos de los jueces por encima de las decisiones de una federación deportiva se agarran los responsables de Infinity para defender a capa y espada que su proyecto es totalmente legal. Y es que, en apariencia, parecen haber encontrado un resquicio o vacío legal al que agarrarse, como en su día sucedió en otros ámbitos relacionados con el fútbol.

Porque al igual que esta vía de la Unidad Productiva parece altamente peligrosa, en su momento también lo pareció el conocido caso Bosman, en el que un modesto jugador belga terminó desencadenando un panorama totalmente nuevo en el fútbol mundial, obligando incluso a la UEFA a variar buena parte de su legislación acerca de la libertad de los futbolistas europeos para moverse dentro del mercado de trabajo.

La Real Federación Española de Fútbol tiene muy claro que la vía escogida por Infinity abriría un precedente peligroso para sus intereses, por las reclamaciones que podrían llegar desde otros clubes en situaciones económicas tan o más dramática que la del Córdoba CF. Una situación a la que no están dispuestos a acceder sin batalla judicial, aunque no sería la primera vez que el ente federativo se ve obligado a acatar las decisiones judiciales en casos similares al que ahora se plantea en el club blanquiverde. Casos, los del Terrasa, el Orihuela y el Salamanca Athletic, que el propio Javier González Calvo citó como jurisprudencia favorable a la postura de Infinity.

El grupo inversor sigue insistiendo en que las leyes deportivas no impiden la vía elegida

El más llamativo de ellos es el del Terrasa, que en 2009 quedó liquidado tras entrar en concurso de acreedores y no poder afrontar los algo más de tres millones de euros que arrastraba. Un juez de lo Mercantil decidió entonces subastar su Unidad Productiva y, bajo el amparo de una Sociedad Limitada, el club siguió compitiendo bajo una denominación similar, los mismos colores y escudo. La Federación tuvo entonces que acatar la decisión judicial y el conjunto catalán compitió en Segunda B, aprovechando un resquicio legal que los responsables jurídicos de la federación creyeron conveniente subsanar.

De ahí surgió una reforma de la ley concursal, la 38/2011, a la que la propia federación se acogió en su recurso contra la subasta de la Unidad Productiva del Córdoba y que establece que la participación en una competición deportiva profesional estará reglada en base a los resultados deportivos, pero también al cumplimiento de una serie de criterios económicos. Compromisos que, según sostiene el auto del juez en el caso del Córdoba, se cumplirían con la oferta presentada por Infinity.

La Real Federación Española de Fútbol también se vio obligada a rectificar en dos casos más que comparten similitudes como el del Córdoba, ambos acaecidos en 2013, con el Orihuela y el Salamanca Athletic de por medio. En el primer caso, un juzgado de lo Mercantil ordenó al ente federativo la readmisión del Orihuela –que se encontraba en concurso de acreedores– en Segunda B, después del descenso a Tercera dictado por criterios económicos.

En el caso del Salamanca Athletic, muy parecido al del Córdoba, la desaparición del histórico UD Salamanca llevó al empresario José Hidalgo a explorar la vía de la Unidad Productiva para sostener al club a través de otra sociedad, consiguiendo el respaldo de los jueces y derrotando en los recursos a la Federación Española. Sin embargo, defectos de forma en la conversión a SAD acabaron con esa aventura sin que terminara de prosperar.

Unos defectos que Infinity parece tener ahora subsanados con la creación ex novo de Unión Futbolística Cordobesa para la gestión de la Unidad Productiva del Córdoba CF. Una vía que deja muchos interrogantes pero que podría también generar un nuevo panorama en el fútbol español y sentar un precedente que acabe por conocerse como la Ley Córdoba CF.