La administración concursal del Córdoba CF SAD realizó hace unos días una propuesta de las deudas -y catalogación- de los diferentes acreedores de la sociedad, que suman una cantidad en torno a los 11,5 millones de euros. En su amplia relación de acreedores, Francisco Estepa añadió a Grupo Tremón como deuda contingente sin cuantía; es decir, que aún carece de catalogación y, además, no tiene establecido el montante, que podría ser millonario, hasta convertir al grupo inmobiliario en el gran pasivo oculto de la entidad a raíz del uso y disfrute de la Ciudad Deportiva.

Según los distintas informaciones recabadas por el Día, Tremón es legalmente dueño desde el mes de julio de 2007 de los terrenos en los que se encuentra la instalación de Camino Carbonell que la entidad blanquiverde utiliza para sus entrenamientos, tras su adquisición a una empresa del ex presidente Rafael Gómez. Desde entonces, los diferentes dirigentes cordobesistas han pasado de puntillas, sin realizar desembolso alguno por la utilización de las indicadas instalaciones, lo que ha desencadenado una situación que amenaza ahora con convertirse en un serio problema de presente y de futuro.

Porque desde esa lejana campaña 2007-2008, la situación ha ido generando a favor de Grupo Tremón un derecho de crédito por el uso de la Ciudad Deportiva, sobre el que no hay discusión alguna. De momento van 12 ejercicios y el decimotercero está ya en marcha. La propietaria ha realizado una estimación sobre la cuantía que el Córdoba debiera abonar por este alquiler que asciende a varios millones y, por ahora, se ha encontrado la negativa de reconocimiento tanto por el administrador concursal como por Infinity, que desde diciembre tiene el control del club cordobesista tras la compra de la Unidad Productiva.

Pero, ¿por qué ahora llega la reclamación? Porque la batalla judicial iniciada en 2016 entre Tremón y la entidad blanquiverde ya ha tocado a su fin por dictamen del Tribunal Supremo. Todo parte del pleito por una demanda de impagos que la inmobiliaria interpuso ese año y que ganó en primera instancia, procediendo el juez a una orden de desahucio. Entonces arrancó un conflicto que terminó con un recurso ante la Audiencia Provincial, ya con Jesús León al frente, que mantuvo firme el primer dictamen, y un segundo ante el máximo órgano judicial que, con su inadmisión, ha cerrado el camino por el juzgado a este asunto.

Pero la negativa tanto de la administración concursal como de Infinity abre otra vez una vía judicial, al quedar por ahora descartado el entente de mutuo acuerdo, de ahí que tendrá que ser un juez el que tome la decisión final. En su labor de salvaguardar los intereses de la institución, Francisco Estepa no ha visto bien acceder a reconocer la millonaria petición de Tremón, que podría convertirlo en el principal pasivo del concurso, superando los 3,2 millones reconocidos a Bitton Sport. En cuanto a Unión Futbolística Cordobesa, con apenas unos meses de disfrute de la instalación, la negociación tiene que dar algunos pasos más en el corto plazo.

Entre otras cosas porque con la sentencia de primera instancia firme tras la decisión del Supremo, Tremón ha solicitado que se reactive el procedimiento de desahucio del Córdoba de la instalación que se encuentra en terrenos de su propiedad. Una decisión que, lógicamente, no es inminente, pero que sí obliga a mantener contactos entre los actuales rectores de la sociedad y el grupo inmobiliario. De fondo, ese interés que desde el primer momento siempre ha reconocido Infinity de adquirir terrenos para construir una ciudad deportiva propia y por la que viene hablando de manera continua con el Ayuntamiento de la capital.