Un grupo que engloba a muchos de los trabajadores del Córdoba CF, personal deportivo y no deportivo, que han salido de la entidad blanquiverde en los últimos tiempos, se han unido para presentar un escrito de alegaciones al auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba que autorizaba la venta de la Unidad Productiva de la entidad cordobesista. A través de la abogada y exconsejera del club, Magdalena Entrenas, este grupo pide la nulidad del proceso abierto y que debe culminar la próxima semana, planteando una serie de dudas sobre su legalidad y con el temor de que las deudas que aún mantiene con ellos el club no lleguen a saldarse nunca.

El escrito incluye a Enrique Martín, Rafa Berges, Antonio Viola, Juan Ramón Berdugo, Javier Ramos López, Alfredo Sánchez Benito y las sociedades a través de las que facturaban al club Magdalena Entrenas, como responsables de los servicios jurídicos, y Alfredo García Amado, que ejerció de director general durante la última etapa de Jesús León en el club.

En el escrito presentado, los firmantes muestran su temor de que tras trabajar “en muchos casos sin haber cobrado durante mucho tiempo”, tras la decisión tomada por el juez “se ven abocados a no cobrar lo que legítimamente les corresponde, de continuar adelante con la venta autorizada por este Juzgado en condiciones muy favorables para los compradores y absolutamente nefastas para, como los comparecientes, ostentan créditos legítimos contra la concursada”.

Además, el recurso plantea serias dudas sobre la legalidad de la subasta abierta por el juzgado para adjudicar la Unidad Productiva del Córdoba CF, ya que consideran que puede abrir la puerta “al fraude concursal” y añaden que la cantidad de 3,25 millones de euros en la que arranca la puja por los activos del club “no cubre ni mínimamente el pasivo que los Administradores Judiciales han reconocido públicamente que existe”. Entre otros aspectos, los firmantes también cuestionan el nombramiento de Francisco Estepa como administrador concursal del club, toda vez que ostenta el de administrador judicial, algo que consideran incompatible.

Por todo ello, estre grupo de antiguos trabajadores del club blanquiverde pide al juez que acuerde la nulidad del proceso, al amparo del artículo 240.2 de la LOPJ y en consecuencia ordene “la suspensión y paralización de la venta de la Unidad Productiva”.