-Reordenar el Ayuntamiento ha sido la labor principal de este inicio de mandato, ¿tanto había que hacer? 

-Mire, la mayor dificultad para un gestor es encontrar el equilibrio entre las garantías que te exige la Administración, donde haya transparencia, con los controles. Pues bien, esos controles ralentizan una barbaridad el trabajo, hasta la desesperación en algunos casos. Cada vez que se redoblan los controles, son márgenes y plazos que provocan que las cosas sean muy lentas. Ahora mismo tenemos los recursos ya para el centro de exposiciones y congresos. Por el tipo de contrato que es, el plazo para cumplir con todas las garantía es de seis o siete meses. Nosotros teníamos que haber lanzado en abril la licitación, pero entre medias se publica la guía de asignación de remanente del Estado, triplicando los niveles de garantía. Eso, que está bien, nos supone a nosotros un retraso de entre dos y tres meses. Y si no somos capaces de licitar esta obra antes de que acabe el año, la partida que está disponible por parte del Ministerio de Hacienda decae y ya no la podemos contabilizar. Eso es desesperante.

-En cualquier caso. Con la mayoría aplastante que tiene el PP en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no va demasiado despacio la redimensión del sector

público municipal?

-Precisamente, nuestras leyes garantizan que puede haber una mayoría absoluta pero no un dictador. Todos los procesos son complejísimos y se realizan con la obligación de ser prudentes. La única cosa que me ha quitado el sueño, de verdad, en estos dos años es cada vez que ha habido que tomar una medida de supresión de una plaza en el Ayuntamiento, pensando si a una persona la podemos pasar a otro servicio. Lo más duro es cuando te encuentras a personas que tienen miedo a perder su puesto de trabajo en un momento como este. Cuando se ha tomado esa medida es porque no quedaba más remedio. Nos encontramos sobredimensionado el Instituto Municipal de Deportes, un sobredimensionamiento muy alto. Planteamos un estudio de eficiencia y podríamos haber dejado la plantilla en unas 30 personas, pero nos parecía un exceso. 

-Pero en el caso de la Gerencia de Urbanismo, esos cambios se han ido dejando. ¿No se ha sido más timorato que con otros servicios?

-Con la Gerencia había más margen porque, aunque necesita ajustes, hubiera funcionado si no tuviéramos otro problema como es la nefasta gestión del Plan General de Ordenación Urbana que se ha hecho hasta ahora. El principal problema no es el exceso de personal, que es un problema. Hemos conseguido salvar estos dos años con medidas a nivel nacional, como la supresión de la paga extra o la ampliación de jornada, y otras que se han tomado aquí como fue la bajada de cerca de un 20% en los salarios. El problema más grave es que nos caen sentencias, una detrás de otra, fruto de una expansión del PGOU alocada. Hemos hecho un plan de ciudad rica y Córdoba no es una ciudad rica. Hemos hecho un planteamiento con un número de zonas verdes, viales, plazas... muy por encima de lo que se puede permitir la ciudad y el resultado es que haya ahora una gran incertidumbre que está provocando que la Gerencia no sea viable. Hemos recibido sentencias en el último año por unos 15 millones de euros que vamos a tener que pagar, algunas de ellas del año 1992, cuyos intereses suponen mucho más. Procórdoba es un caso similar. Aquí se ha gestionado el dinero de los cordobeses de manera temeraria.

-¿El futuro de la Gerencia es ser una delegación municipal?

-Su salida es reordenarse y vamos a tratar que tenga el mínimo impacto posible en empleo, pero a día de hoy la GMU tal y como está no es viable. El objetivo no es mantener personal aunque no haga falta, sino tener el personal que haga falta para realizar inversiones. Se hacen obras en la ciudad porque hemos reducido costes, porque por ley no podemos acudir a préstamos. El Ayuntamiento estaba en la UVI, ahora está en planta, pero sigue enfermo. Hay otro tema que me gustaría decir. Al contrario que en otros servicios, el caso de la Gerencia no es un problema de desgaste político, es más, creo que no tomar la decisión es lo que desgasta. Pero que quede claro, el trabajo de un alcalde no es tomarse venganza y no puede ser grato ni la primera solución despedir gente. Se hace cuando no queda remedio.

-¿Qué va a pasar con Sadeco?

-Sadeco tiene un momento positivo, está saliendo de una situación muy compleja. Confiamos en que cumpla los requisitos que marca la ley para no tener que privatizarla, pero hay una parte que nos genera una incertidumbre. La normativa europea, que es antigua y debería conocer el anterior gobierno municipal, establece que un proceso que debe acabar en 2020 para cambiar la tendencia del depósito de residuos en vertederos por la de reciclaje. Eso exige una inversión que la planta de Sadeco no puede realizar y el Ayuntamiento tampoco. Si hubiera que privatizar una parte lo diría, no me parece dramático ni dañino, pero puedo garantizar que no va a haber ningún despido en Sadeco, que vamos a mantener lo acordado en el convenio y vamos a tratar de conseguir una solución para esas inversiones. Que Sadeco se movilice cuando no ha habido ningún despido, cuando no ha habido una bajada dramática de salarios, una pérdida tremenda de derechos laborales me parece preocupante, llamativo. Buscaremos una solución que cumpla lo pactado y pido a los firmantes del convenio que hagan lo mismo.

-¿Nos enteraremos alguna vez de lo que es Agrópolis?

-Es un proyecto de largo recorrido que tiene como objetivo unir a la Administración, a las universidades y a la iniciativa privada, cuyo planteamiento base es que no se despilfarren recursos y que se ordenen en torno a la idea de que la investigación aplicada tenga una proyecto empresarial detrás. Esto no es de un día para otro, dará resultado en tres o cuatro mandatos y será el que gobierne entonces el que se pondrá medallas.