Una mujer extranjera fue captada para alquilar su vientre en la provincia de Córdoba en el año 2022 a cambio de 20.000 euros. Se trata de un caso que lleva la sección de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Provincial de Córdoba, que se encuentra en la fase de instrucción y  en el que ya hay investigados. 

El hecho se conoció a través de una denuncia y el objetivo de los presuntos autores era conseguir una maternidad subrogada. Se trata de una mujer de un país latinoamericano que, "hallándose en situación de especial dificultad económica, contactó por redes sociales con una pareja de ciudadanos residentes en un pueblo de la provincia, quienes le ofrecieron someterse a una gestación subrogada a cambio 20.000 euros".

Así, el fin era que "una vez quedara embarazada, permanecer durante el embarazo en España y hacerles entrega del bebé una vez producido el nacimiento", de modo que "una vez en España fue recogida en el aeropuerto por esta pareja, que la trasladó a su vivienda". Según se expone en la memoria, "ya en el domicilio, aunque la víctima manifestó su preferencia con que la inseminación se produjera de forma artificial, la mujer le manifestó que eso era muy caro y que debía mantener relaciones sexuales con su pareja, inicialmente aceptadas por la víctima, aunque posteriormente mantenidas mediante violencia e intimidación".

Se trata de un caso "bastante curioso y significativo", ha explicado el fiscal responsable de la sección, Antonio Romero, pues aunque los medios y formas empleadas para que la mujer alquilase su vientre son propios para la trata de seres humanos, la finalidad de la explotación no está tipificada dentro de ese delito, previsto en el artículo 177bis.

El artículo califica como trata de seres humanos a la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad, a explotación sexual, incluyendo la pornografía, a explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de sus órganos corporales y la celebración de matrimonios forzados. Nunca hace mención a la maternidad subrogada. Eso sí, se indica que los hechos podrían ser constitutivos "de un delito de agresión sexual y de un delito de detención ilegal".

En este caso, se hace "inviable" su calificación jurídica en base a este delito, explica Romero, que detalla que desde la Fiscalía Provincial de Córdoba trabajan para poder tipificarlo y que sirva como precedente a la Fiscalía General del Estado para incluir la maternidad subrogada en este tipo de delito. 

En este caso se ha trabajado con los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los juzgados "de forma muy estrecha" con los Servicios Sociales para la atención de la víctima. "Son procedimientos con mucha dificultad por las circunstancias", ha explicado Antonio Romero, entre ellas el localizar a la víctima y a posibles testigos de los hechos.

"Lo más importante es que la víctima esté segura durante el procedimiento", así como preservar su identidad, dotarla de condiciones de seguridad para conseguir la posibilidad de cooperación con su declaración. En estos casos "las víctimas tienen mucho miedo para declarar, incluso declaran con reticencia por el miedo, hay que dotar de condiciones de seguridad, de asistencia a la víctima y posteriormente conseguir su declaración", ha explicado. 

Explotación sexual y laboral

En cuanto a otros delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros destaca la explotación sexual. En Córdoba la localización de las víctimas ha sufrido un importante cambio, frente a los clubs de alterne, lugar donde anteriormente se localizaban, en la actualidad "han proliferado los denominados pisos prostíbulo", lugares donde se ejerce ahora la prostitución y que añade dificultad al no ser públicos, sino inmuebles privados para los que se necesita orden para entrar. 

Asimismo, también es importante mencionar la explotación laboral, cuya principal incidencia se encuentra en el ámbito agrícola y la hostelería. En el agrícola son muchos los inmigrantes que "se utilizan" en labores de recolección de frutos, mientras que en al hostelería "existen ciertos establecimientos con cierta relevancia en contratar víctimas de trata de origen extranjero", subraya el fiscal. 

En materia de expulsiones destaca una vuelta a las cifras prepandemia pues durante el Covid las fronteras estaban cerradas y no se podía llevar a cabo expulsiones. Así, en 2022 se autorizaron en Córdoba un otal de 34 expulsiones. Generalmente, ha explicado el fiscal, para países como Marruecos se puede llevar a cabo la expulsión, pero hay naciones con "serios inconvenientes", como Mozambique o Senegal, para los que no existen vuelos periódicos. 

Cuando la expulsión resulta imposible de aplicar, la siguiente medida es la detención. Los internamientos en Centros de Internamientos de Extranjería el año pasado fueron tres, una cifra muy baja e incluso inferior a la de 2021.