La juez cita como testigo al presidente de la CHG por el embalse de La Breña

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha citado a declarar como testigo el próximo día 5 de febrero al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dentro de la investigación abierta contra dos ex altos cargos de la CHG después de que la Fiscalía los denunciara por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de uno de los imputados con un informe sobre el embalse de La Breña con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración.

En este sentido, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron ayer de que la juez ha citado a declarar el próximo día 5 de febrero, a partir de las 09:30, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cargo que actualmente ostenta Manuel Romero. Esta declaración se producirá después de que el 15 de enero comparecieran como imputados ante la magistrada el exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas, Agustín Pastor Turullols, por tres presuntos delitos de estafa procesal en grado de tentativa, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho, y el excomisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez Giménez, por un delito de estafa procesal en grado de tentativa como cooperador necesario.

En la denuncia, la fiscal jefe, María José Segarra, relata que el exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas realizó un informe el 29 de diciembre de 2014 a solicitud de Salto de la Breña sobre la supuesta compatibilidad de la concesión vigente a la misma con la construcción posterior de un nuevo embalse, La Breña II, "de mucha mayor capacidad y que inundó por completo a la anterior presa", para cuyo aprovechamiento se le otorgó la concesión.

Segarra añade que la empresa concesionaria "pretendía que dicho aprovechamiento era factible" porque, según argumentaba, estaba contemplado en las bases del concurso para la construcción de La Breña II, donde se apreciaba el recrecimiento del embalse, y en la propia construcción de la presa.

El Ministerio Público resalta que Agustín Pastor es socio de miembros de la empresa beneficiada por su informe en las sociedades Gabinete de Promociones Costa Golf S.A. y Transporte de Cenizas y Cementos (Trancesa), lo cual "supone una relación de confianza y unión de intereses económicos entre el denunciado y la empresa que resultaría beneficiada por su informe, pues en todo este procedimiento lo que se hallaba en cuestión era evidentemente el importe de la indemnización a percibir por parte de la empresa, cuya concesión había devenido en inútil".

La Administración del Estado, que en su día tramitó el procedimiento de rescate de la concesión luego anulado, sostiene que la concesión no puede reponerse a su estado original, existiendo una incompatibilidad funcional de La Breña I con respecto a La Breña II, "de ahí la necesidad del rescate de la concesión en favor de La Breña I como compensación de la antigua concesión". "Evidentemente, la relevancia económica de sostener una u otra postura es evidente y tiene enormes repercusiones en la indemnización a fijarse por el rescate de la concesión", apostilla.

El informe fue solicitado al funcionario denunciado para ser aportado a un procedimiento judicial por el que la Abogacía del Estado pretendía que se declarase la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que declaró la nulidad del rescate de la concesión que le fue otorgada en su día a Salto de la Breña S.A.