De la sospecha a la expulsión

La Consejería de Educación define el acoso escolar como "maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno producido por uno o más compañeros y de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado", y especifica que este tipo de comportamiento no se debe confundir con "agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes del suceso". Ésta es la base del protocolo de actuación que tienen que establecer los centros educativos en el caso en el que detecten acoso escolar entre sus alumnos y que, además, es de obligado cumplimiento. Un tipo de actos que, según la encuesta que hizo público el pasado martes el área de enseñanza de CSIF, confirman que suceden en las aulas el 52% de los docentes de Córdoba.

Este conjunto de normas de Educación contra el acoso escolar incluye una docena de pasos a cumplir, que van desde que cualquier persona de la comunidad educativa comunique la sospecha de un episodio de estas características a la dirección del colegio o instituto hasta el establecimiento de una serie de medidas y actuaciones, pero siempre para cada caso. Y es que las medidas que se aplican dependen de la gravedad de los hechos e incluyen la posibilidad de la expulsión del alumno agresor del centro, pero siempre y cuando "depende de hasta dónde ha llegado el acoso", según subrayan a el Día fuentes del servicio de Inspección de la Delegación de Educación. Las mismas fuentes dejan claro que un estudiante que cometa este tipo de actuaciones "no tiene posibilidad de salir impune e, incluso, puede llegar a la Fiscalía". Y aunque tanto la expulsión del centro como la denuncia a los tribunales son dos de las medidas extremas, las citadas fuentes reconocen que "la tendencia es que el alumno que es víctima del acoso es el que se va" y advierten de que "no debemos permitirlo".

Desde este servicio educativo exponen también la importancia de cumplir con este protocolo y reconocen que "cada vez hay una mayor conciencia sobre este tema, y eso es bueno". Recuerdan, además, que este tipo de conductas pueden empezar "de broma y derivar hacia una victimización".

Los tres primeros pasos del citado protocolo consisten en comunicar al centro, por cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando se tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno, "reunirse diferentes responsables del centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda, y cuando se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección de educación", según expone el documento. En estos tres primeros pasos, el centro puede ya adoptar medidas de urgencia de protección y ayuda de la víctima, y también dirigidas al alumno acosador, cuando el caso lo requiera. Las mismas fuentes aseguran que con la aplicación de estos primeros pasos "se controlan las situaciones".

No obstante, el protocolo continúa y las familias de ambos protagonistas entran en los siguientes cuatro pasos. En este caso, se les aporta la información sobre la situación y las medidas adoptadas, pero el director también traslada la información al resto de profesionales que atienden al alumnado y otras instancias externas, además de recoger información de distintas fuentes. Este trabajo es uno de los puntales del protocolo, puesto que estas fuentes serán las que "permitan determinar si hay o no hay acoso escolar". Una vez recopilada toda esa información, la dirección del centro realiza un informe y aplicará las medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado.

Los siguientes y últimos pasos del protocolo consisten en dar a conocer el citado informe a la comisión de convivencia, a la inspección educativa y en establecer un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Junto a las medidas para el alumnado, este documente incluye también medidas para las familias, profesorado y otro personal del centro, de las que se hará cargo la propia dirección. Ésta tiene que llevar a cabo las medidas y actuaciones previstas e informar de manera periódica a la comisión de convivencia, a las familias y al inspector de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.