El PSOE reclama un plan municipal de inspección de vertidos tras la última sanción al Ayuntamiento de Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de CórdobaJoaquín Dobladez ha urgido hoy al Gobierno local de José María Bellido a que “ponga punto y final a la falta de control sobre vertidos en las cuencas y aplique de inmediato un plan de inspección para cumplir la legalidad”, además de interponer las medidas sancionadoras necesarias. Dobladez ha insistido en la necesidad de adoptar un plan municipal de inspección de vertidos y de iniciar procedimientos sancionadores contra quienes los provocan, “porque, además de ser una obligación legal de las administraciones públicas, es imprescindible para frenar el daño que estamos causando a nuestro medio ambiente y a los enclaves naturales vinculados al agua”.

Como adelantó El Día de Córdoba, la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso el Ayuntamiento de Córdoba contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en relación con la multa de 8.560 euros que ésta le impuso al Consistorio por vertidos de aguas residuales en la Campiñuela Baja.

La sanción fue impuesta en noviembre de 2022 y el Consistorio anunció su intención de recurrir. Los hechos denunciados se refieren a la realización de vertidos de aguas residuales a un cauce público, careciendo de la preceptiva autorización. El vertido, calificado como contaminante, tenía capacidad de afección a la calidad de las aguas en el término municipal de Córdoba.

El concejal ha subrayado que esta resolución “vuelve a poner de manifiesto la falta de control del Gobierno de Bellido sobre los vertidos contaminantes en la ciudad y el coste que esa dejadez tiene para todos los cordobeses y cordobesas”.

Asimismo, ha informado de que hace un año el Ayuntamiento tuvo que aprobar un nuevo decreto para pagar otra multa de la CHG, en esta ocasión de 5.293,80 euros, por vertidos de aguas residuales sin autorización desde la urbanización Las Jaras al arroyo de Don Lucas. A esta sanción se suma la abonada en junio de 2024 por 10.001 euros, correspondiente a vertidos de aguas residuales procedentes de Trassierra al arroyo del Molino, una infracción por la que el Consistorio ya había sido sancionado anteriormente.

El concejal socialista ha enumerado además otras multas impuestas en los últimos años, como la de octubre de 2023 (más de 5.000 euros) por vertidos en el arroyo Pedroches, así como las referidas a la contaminación en el arroyo Molino, los Baños de Popea y el cauce del Guadalquivir a su paso por la capital. “Es una dinámica normalizada en los últimos años, en los que la falta de control del Ayuntamiento ha provocado que los vertidos que realizan algunos los paguemos todos los cordobeses y cordobesas en forma de multas recurrentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, ha lamentado Dobladez.

El edil ha recordado que la normativa atribuye a los ayuntamientos la competencia en la regulación de los vertidos residuales procedentes de viviendas, por lo que es responsabilidad del Consistorio velar por el cumplimiento de la ley y adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los cauces públicos. “El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado. La ciudad necesita un plan de control riguroso, con inspecciones periódicas, coordinación con Emacsa y colaboración con la CHG, para garantizar que no se repiten episodios como este”, ha añadido.

Finalmente, ha alertado de que la reiteración de sanciones por vertidos contaminantes daña la imagen de Córdoba y compromete la protección de su entorno natural. “Cuidar nuestros cauces, ríos y arroyos no es una opción, es una obligación legal y moral. Cada vertido que se tolera es una herida más a nuestro patrimonio ambiental”, ha concluido