El PSOE denuncia el aumento de personas sin hogar en Córdoba

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado "la inacción y la política de brazos caídos" del gobierno local del PP en la capital ante el aumento de las personas sin hogar, máxime desde que abandonó el trabajo realizado por la Mesa de Sinhogarismo para no volverse a preocuparse por aumentar las plazas en albergues de una manera estable, "limitándose a incrementar el número de ellas cuando las condiciones climáticas son extremas".

Esta "falta de atención y los escasos recursos" que pone a disposición el Ayuntamiento para ofrecer un techo donde pasar la noche a quien carece de él hace que, según el PSOE, ""el número de personas que atienden las asociaciones y entidades que trabajan en la calle sea cada vez mayor". Según expone Moya, la Casa de Acogida municipal “hace tiempo que se quedó pequeña para atender a la población sin hogar en nuestra ciudad, por lo que necesita de los recursos de entidades que complementen las plazas que oferta el ayuntamiento”.

Asimismo, arguye que tampoco dispone de una plantilla suficiente para atender a estas personas en una futura reinserción social, ya que la procedencia y circunstancias que rodean a cada persona en situación de calle son muy variadas y particulares; y requiere un enfoque y atención multidisciplinar que necesita de más plantilla.

El papel del voluntariado

La Red Co-habita, integrada por las entidades que dedican todo o parte de su personal voluntario a la atención a estas personas, mantiene los repartos de comida y bebida caliente en invierno y fresca en verano. Además, ofrecen un apoyo emocional y afectivo que no suelen tener con frecuencia. “Una vez más, el mayor peso del rescate a los más vulnerables en nuestra ciudad está en manos del voluntariado, dejando el Gobierno municipal de responsabilizarse de sus conciudadanos”, asevera la edil.

Aunque el perfil de la persona sin hogar en Córdoba es el de un hombre entre los 45 y 65 años, son cada vez más las mujeres que se encuentran en la misma situación, experimentando en el año anterior un incremento de más del 40% desde 2023. Tanto unos como otras son personas que después de atravesar distintas etapas de vulnerabilidad y dificultades económicas, y en la mayoría de los casos careciendo de una red de apoyo, se han visto en la calle.

“Las personas que duermen en la calle sufren con frecuencia violencia y discriminación, y eso afecta a otros derechos básicos como el derecho a la asistencia sanitaria, la formación y el trabajo. La primera obligación de un alcalde es la de garantizar los derechos básicos de sus conciudadanos, y en este caso, el alcalde no vemos que esté preocupado por todas aquellas personas que no disponen de un mínimo habitáculo al que llamar hogar”, detalla Moya, para quien “es urgente que el Gobierno municipal busque soluciones efectivas, se implique personalmente y no se escude en los convenios para que otros le hagan el trabajo a través del voluntariado”.