Una docena de parcelaciones de la zona de Poniente de Córdoba llevan más de una década -11 años- a la espera de que se concluya el expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tenía el objetivo de cambiar la clasificación de terrenos para su legalización. Así lo ha recordado el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), que se ha dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para que concluya ese expediente.

El CMC ha recordado que "el expediente suponía que 12 pequeños núcleos de viviendas pasarían a legalizables completando a otros que el PGOU ya admitía como tales". En concreto, se trata de las parcelaciones de Candilejas, Núcleo Sur del camino de las Abejorreras, Camino de la Alameda, El Cubetero, Cuesta Blanquilla, La Florida, Lagunas 2, ampliación de El Castillo, El Aljarafe, ampliación de Barquera Norte, Paso de la Barquera y Llanos de Altázar.

El Consejo del Movimiento Ciudadano relata que "el expediente se comenzó en 2006, se aprobó provisionalmente en 2009 y lo último que se sabe oficialmente de él es que se envió a la Dirección General de Urbanismo en diciembre de 2012, pero una década después nada más se sabe".

Asimismo, recuerda que a todas estas agrupaciones de viviendas "se les animó" a preparar la documentación necesaria, "con los costes correspondientes que suponía su elaboración, pero en diez años no han tenido ninguna comunicación oficial y, por tanto, no han podido ni recurrir su situación".

El Consejo del Movimiento Ciudadano cree que "entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Junta de Andalucía han dejado pasar el expediente, que posiblemente haya caducado o esté en alguna circunstancia similar, pero que no se ha formalizado su cierre ni se le ha comunicado a los afectados la situación en la que se encuentran ahora los grupos de parcelas afectadas, manteniéndoles en un limbo jurídico".

"Independientemente de lo que haya sucedido con el expediente, hay que proteger los derechos de las personas que viven en esos núcleos, entre los que está el que se les comunique oficialmente el resultado del expediente", apuntan desde el CMC.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "es fundamental que este asunto se aclare de forma definitiva y urgente". "Ya no interesa buscar culpables ni responsables de esta dejadez administrativa, sino que se regule esta situación urbanística para ver de qué forma pueden ahora acogerse a los caminos de legalización o dotación de servicios que permite la nueva ley de suelo (Lista) y su reglamento, y que los afectados puedan decidir sobre su presente y su futuro", defiende.

Los antecedentes y la situación en Córdoba

El fenómeno de las parcelaciones ilegales es un problema histórico que arrastra el municipio de Córdoba desde hace décadas. Presenta, además, gran dinamismo, ya que de las 21 parcelaciones contabilizadas en 1986 (PGOU), se pasó a 36 en 1988 (Catálogo de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Córdoba de Consejería de Obras Públicas y Transportes), y a 75 parcelaciones y unas 4.650 viviendas en 2001 (PGOU), hasta llegar a la actualidad cuando se cifran en más de 100 las parcelaciones y en 11.000 las viviendas fuera de ordenación en el municipio (en las que viven más de 50.000 personas), que además se han convertido en primera vivienda para el 60% de los ciudadanos que las ocupan.

Cabe distinguir entre las parcelaciones ubicadas en la Sierra de Córdoba y las situadas en la Vega del Guadalquivir, ya que si bien el uso principal constatado para ambas es la segunda residencia, en las parcelaciones de la sierra es prácticamente exclusivo, mientras que en las situadas en el valle aparece como uso complementario la primera residencia, que en ocasiones llega a convertirse en uso principal, y junto al uso residencial se desarrollan actividades agrarias tradicionales, e incluso naves industriales, talleres, almacenes, etcétera.

Por otro lado, hay que reseñar una mayor densidad de viviendas y un mayor dinamismo en las parcelaciones de la Vega y especialmente en los alrededores del Aeropuerto, donde abunda el uso de primera residencia, llegando a constituirse como barrios precarios, que en algunas zonas presentan incluso mayores dificultades que vecindarios de la ciudad que aparecen en los rankings de pobreza, según la Agenda 2030

El uso principal de este tipo de viviendas es el de segunda residencia, que en ocasiones llega a convertirse en uso principal. Además en algunos casos, indica la GMU, el uso residencial (primera o segunda) es acompañado por actividades agrarias tradicionales, o incluso por la existencia de naves industriales, talleres o almacenes.