La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) puso en marcha el pasado verano la Oficina del Territorio con el objetivo de regularizar la situación urbanística de las parcelaciones de la ciudad. Córdoba cuenta con unas 120 parcelaciones irregulares, en las que se reparten unas 11.000 viviendas. Pues bien, según ha destacado el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, en el informe de gestión que ha llevado al último plenario celebrado por el colectivo, "la Oficina del Territorio ya ha recibido a más de 55 parcelaciones".

El CMC continúa celebrando reuniones para impulsar esos procesos de regularización, con la coordinación de la Comisión de la Periferia. "Hemos atendido a parcelaciones que han solicitado nuestra presencia o asesoramiento, como Alamiriya, Doña Manuela, Alamillo... y estamos pendientes de una reunión con la Junta para que nos aclare ciertas cuestiones, sobre todo de carácter económico, de los procesos".

Asimismo, ha colaborado en la aprobación de la primera parcelación que puede acabar su procedemiento de legalización, Cuevas de Altázar. La siguiente sería El Sol (Alcolea) y también están con el trabajo adelantado en Alamillo, Torreblanca y La Gorgoja 1. Mientras, en el grupo de las que podrían lograr contar con servicios básicos están las de Campiñuela Norte, Los Girasoles y La Florida y Maravilla del Aeropuerto. De Gracia relata que de las más de 120 parcelaciones irregulares con las que cuenta Córdoba, el PGOU actual permite regularizar unas 30, mientras que otras 80 podrían acceder a los servicios básicos.

La Oficina del Territorio es un órgano especializado en estos procesos de regulación en coordinación con los vecinos implicados y con la ayuda del Consejo del Movimiento Ciudadano. Busca, tal y como ya adelantó el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, "aprovechar el impulso de la nueva Ley Lista" -Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía- de la Junta para solucionar "un asunto histórico, con nuevas herramientas" dentro de los parámetros de una planificación que desde la GMU "ya hemos realizado". Así, el concepto es el de "compensación tutelada" para buscar las soluciones más adecuadas de acuerdo a cada caso y, aunque no se pueda llegar a una legalidad absoluta, se buscará que los vecinos al menos puedan acceder a servicios básicos de manera normal. 

La Agenda 2030 del Ayuntamiento pone de relieve la problemática que sufre la ciudad desde hace décadas con la proliferación de parcelaciones hasta sumar en la actualidad unas 11.000 viviendas, en las que viven unas 50.000 personas, para el 60% de las cuales se han convertido en primera vivienda (especialmente en las de la zona de la Vega del Guadalquivir). Y sentencia que casi la mitad de esas 11.000 viviendas no se van a poder regularidad por estar en zonas o inundables o protegidas, como ocurre con las del entorno de Medina Azahara.

"Aprovechando la Lista, ya tenemos la primera parcelación regularizada, Cuevas de Altázar, y viene de camino otra, casi de forma inmediata, que es la parcelación El Sol, ya tienen recaudado el dinero para ello, y van a venir más. Esto ya es un avance que le va a dar esperanzas a otras muchas parcelaciones", sentenció el alcalde, José María Bellido, en su reciente intervención en el Foro Economía & Sociedad, de Asfaco. "Esto es un punto de inflexión en la regularización de parcelaciones, primero, porque es la primera vez que se da, y segundo, porque, insisto, les da esperanza a las que vienen detrás, mostrándole el camino para llegar a esa regularización", añadió.

El alcalde se refirió a que en el nuevo PGOU, "que definirá el futuro plan urbanístico de la ciudad", habrá que tener en cuenta el plan de especial protección de la Vega y apostó por "ver cómo podemos seguir avanzando en esos casos tan especiales" de las parcelaciones que se encuentran en zonas protegidas o inundables.

De Gracia ya apuntó que  "tan solo algunas de las 120 urbanizaciones han avanzado algo, muy poco" en los últimos 20 años con el Plan General y la antigua Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y "el desanimo ha sido muy importante, así como el dinero invertido por los ciudadanos y el Ayuntamiento".

Los antecedentes y la situación en Córdoba

El fenómeno de las parcelaciones ilegales es un problema histórico que arrastra el municipio de Córdoba desde hace décadas. Presenta, además, gran dinamismo, ya que de las 21 parcelaciones contabilizadas en 1986 (PGOU), se pasó a 36 en 1988 (Catálogo de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Córdoba de Consejería de Obras Públicas y Transportes), y a 75 parcelaciones y unas 4.650 viviendas en 2001 (PGOU), hasta llegar a la actualidad cuando se cifran en más de 100 las parcelaciones y en 11.000 las viviendas fuera de ordenación en el municipio (en las que viven más de 50.000 personas), que además se han convertido en primera vivienda para el 60% de los ciudadanos que las ocupan.

Cabe distinguir entre las parcelaciones ubicadas en la Sierra de Córdoba y las situadas en la Vega del Guadalquivir, ya que si bien el uso principal constatado para ambas es la segunda residencia, en las parcelaciones de la sierra es prácticamente exclusivo, mientras que en las situadas en el valle aparece como uso complementario la primera residencia, que en ocasiones llega a convertirse en uso principal, y junto al uso residencial se desarrollan actividades agrarias tradicionales, e incluso naves industriales, talleres, almacenes, etcétera.

Por otro lado, hay que reseñar una mayor densidad de viviendas y un mayor dinamismo en las parcelaciones de la Vega y especialmente en los alrededores del Aeropuerto, donde abunda el uso de primera residencia, llegando a constituirse como barrios precarios, que en algunas zonas presentan incluso mayores dificultades que vecindarios de la ciudad que aparecen en los rankings de pobreza, según la Agenda 2030

El uso principal de este tipo de viviendas es el de segunda residencia, que en ocasiones llega a convertirse en uso principal. Además en algunos casos, indica la GMU, el uso residencial (primera o segunda) es acompañado por actividades agrarias tradicionales, o incluso por la existencia de naves industriales, talleres o almacenes.