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R. L. G., acusado de acceder a información confidencial para aprobar unas oposiciones convocadas para la Policía Local de Cabra, se enfrenta a una condena que suma nueve años de prisión tras la presentación de dos escritos de acusación particular, mientras que el fiscal solicita su absolución.
El acusado habría accedido supuestamente al correo electrónico de una concejal con un programa informático espía, lo que le habría permitido conocer las preguntas del examen y sus respuestas. La Fiscalía, que da por hecho que el correo electrónico de la edil fue espiado, concluye sin embargo que no hay pruebas de que fuera el opositor imputado el responsable del supuesto espionaje. La acusación particular considera que hubo tres delitos de revelación de secretos.
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