La del coronavirus no es la única pandemia que ha atravesado España. Entre 1955 y 1964 hubo otra, en este caso de polio, que se estima afectó a unas 30.000 personas (muchos de ellos niños) y que dejó unas 2.000 víctimas. Ahora, quienes la padecieron cuando niños exigen una reparación que pasaría por ser incluidos como colectivo afectado por el franquismo en la nueva Ley de Memoria Histórica.

Javier García, que pertenece al colectivo Cota Cero, fue uno de los niños que enfermaron de poliomielitis cuando tan solo era un bebé. Ahora tiene 59 años, de los que 48 se los ha pasado en Córdoba, y a su lucha más conocida (la de hacer las ciudades más accesibles para personas con discapacidad) se une una nueva meta: la inclusión de los afectados por la polio en la época del franquismo como colectivo represaliado.

Durante aquella época, relata García, "se negaba la mayor". A los enfermos de polio se les escondía por dos razones. Una de ellas era la base del nacionalsocialismo de "la raza, el superhombre, no se podía asumir que aquí había una pandemia"; la otra pasaba por vender España como un país que visitar por tratarse de los años en los que empezó a impulsarse el turismo.

Javier García.

El presidente de Cota Cero cuenta que en el año 1958 se celebró en España un congreso internacional sobre esta patología en el que uno de los altos representantes del Gobierno en materia sanitaria afirmaba que en el país "no existía la enfermedad" y que el número de afectados era "irrisorio".

Sin embargo, en ese año ya existía una vacuna (denominada vacuna de Salk) creada y aplicada en Estados Unidos y también en otros países europeos. A España llegaría mucho más tarde y su alto coste (eran tres inyecciones, a nueve pesetas cada una) y la amplitud de las familias de la época no permitió que muchos pudieran permitérsela, aunque según relata García sí tenían acceso a ella "los afines al régimen".

También se aplicó a los que en su momento se conocía como "pobres de solemnidad", aquellos sin recursos. Pero entre este grupo y los afines al régimen "estábamos el 70% de la población a la que no se nos vacunó". Años más tarde llegaría una vacuna aún más avanzada que sí empezó a extenderse. Pero aquí también hubo problemas. Sus características no recomendaban vacunarse en verano, pero el Estado, ante el éxito de las primeras partidas, siguió suministrándola y los errores cometidos causaron una nueva ola de la enfermedad incluso a quienes no llegaron a padecerla nunca.

La primera de las vacunas contra la polio llegó a España años después de que comenzara a suministrarse en otros países europeos

Las consecuencias de la enfermedad para los niños de la polio fueron tremendas, y también llegaron a sufrir los que estuvieron recluidos en centros sanitarios, como es el caso de García. "Se nos sometía a intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento paterno, intervenciones que llegaron a causar más daño que arreglo".

El oscurantismo informativo de la época no permite conocer los datos reales de afectados, aunque García apunta que muchas de las personas que hoy tienen discapacidad y coinciden en edad podrían ser víctimas de la enfermedad y de cómo se les trató durante el franquismo.

"Se ocultó nuestra existencia", insiste García, que además recuerda cómo la falta de información en años posteriores ha llevado al síndrome post-polio. Para mejorar, estos enfermos hacían un esfuerzo desproporcionado que entendían supondría un beneficio, algo que a la larga se ha demostrado que no es así. "Después de mi vida laboral hice ciertas cosas que, de haberlo sabido, nunca las hubiese hecho", rememora.

Máquinas conocidas como 'pulmones de acero' para la ventilación mecánica.

Desde Córdoba, hasta Barcelona y pasando por el País Vasco, varios colectivos intentan reclamar ahora lo que se les quitó cuando eran solo niños. Ya le han mostrado sus intenciones a la ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, cuyo departamento les ha reconocido directamente que no habían pensado encajar en la nueva ley a su colectivo. De momento, continuarán con las reuniones porque entienden que merecen justicia y reparación por ser víctimas del régimen franquista, unos términos en los que se basa precisamente la normativa de memoria democrática.