Los grupos municipales entregarán su contabilidad para justificar las subvenciones

El numerito, el circo de tres pistas, creado en Unión Cordobesa ha cumplido con el refranero. No hay mal que por bien no venga. La acusación del edil Carlos Baquerín de que Rafael Gómez retiró decenas de miles de euros de las cuentas del grupo municipal -que a su vez se nutren de ayudas públicas- tuvo ayer como consencuencia el acuerdo de los cuatro grupos municipales de entregar para su conocimiento público la contabilidad de sus oficinas, que reciben una cantidad de dinero significativa (unos 1.000 euros por concejal al mes para su funcionamiento) sin que, hasta el momento, hubiese una comprobación mínima para estimar si ese dinero se dedica a lo que se tiene que dedicar. Antes del Pleno y para evitar un debate público, los principales portavoces alcanzaron un acuerdo que pone fin a esta situación.

El anuncio lo realizó el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, quien aseguró que de esta manera se acota el debate sobre una cuestión que amenazaba con convertir el Pleno en un lugar de disimulos y ocultamientos. Para evitar eso, todos los grupos políticos tendrán que entregar sus cuentas antes del Pleno de noviembre para que se produzca su estudio. Los concejales tendrán acceso a la documentación tanto de sus propios grupos -lo que debería colmar las expectativas de Carlos Baquerín sobre Unión Cordobesa- como del resto de los grupos municipales.

Sobre el informe inicial de la Secretaría General y el acuerdo adoptado en Pleno, existe un matiz de relevancia. El primero indica que se deben de entregar esas cuentas a Intervención para que realice su examen. El acuerdo de los grupos municipales obliga a que todos los partidos dispongan esa contabilidad ante el Pleno para que los concejales dispongan de esa información. Sin embargo, nada se dice de qué hacer con esa documentación después. Las palabras Intervención o fiscalización ni siquiera forman parte del texto definitivo porque, en lo que respecta a 2012, sólo se ha decidido que esos documentos sean de dominio público entre los representantes políticos. Los números estarán ahí y la previsión es bien sencilla: casi la totalidad del dinero se entrega a las cuentas corrientes de los partidos que, a su vez, la dedican a lo que la organización considera más oportuno, ya sea en Córdoba capital o en cualquier otro menester que prevean sus respectivas direcciones. La teoría es que el Tribunal de Cuentas, a su vez, es quien fiscaliza el dinero que manejan los partidos.

La realidad es que el Reglamento Orgánico del Pleno nada dice de que el dinero para sostener los grupos políticos pueda acabar en manos de las direcciones provinciales de las organizaciones que, supuestamente, tienen sus propias vías de financiación con dinero del Estado. Tan normalizada esta esa situación que, por ejemplo, los estatutos del Partido Popular -que no es una excepción en su forma de proceder- consideran que las ayudas que reciben todos los grupos institucionales son, en realidad, patrimonio de la formación política.

La segunda fase del acuerdo de ayer, no expresada en ni ngún papel pero que forma parte del acuerdo entre los grupos políticos, sí establece un sistema de control expreso. Según explicó Torrico, las bases (o normas de aplicación de las cuentas públicas) del presupuesto de 2013 llevarán un capítulo específico que sí obligará a los grupos municipales a explicar claramente a qué dedican el dinero que el Ayuntamiento les transfiere mensualmente. No se sabe exactamente cómo será el proceso pero, según las fuentes consultadas, parece que la Intervención sí recibirá la documentación de los grupos municipales para que se produzca una fiscalización efectiva de las cuentas. Eso será con el dinero que reciban los grupos a partir del uno de enero del año próximo.

El acuerdo alcanzado no dejó sin embargo contento al concejal de Unión Cordobesa Carlos Baquerín, quien quiso hacer constar ante la presidencia del Pleno que, independientemente, él tiene derecho a que se le entreguen personalmente las cuentas del grupo político al que aún pertenece.

El presidente del Pleno, Luis Martín, cortó el debate. "Está siendo injusto conmigo", alegó el de UCOR, que declaró el lunes en Comisaría por el caso de la nariz pintada en el cartel de Gómez en la Diputación.