El mal ejemplo del agua

LA palabra panoli, tan utilizada por los trileros, se forma, según el Diccionario, por la agregación de dos términos del valenciano –o del catalán hablado en el sur de los Países Catalanes, no se me enfaden– que son pan (pa) y aceite (oli). Es, con toda seguridad, uno de los vocablos de argot más descriptivos, puesto que viene a significar, básicamente, bollo con aceite, cosa simple. Por elevación, persona de pocas luces.

Probablemente, no haya ahora mismo en Córdoba una empresa municipal –“el dinero público no es de nadie”, cita cínica– como Emacsa, con una estructura técnica tan preparada, mejor cartel fuera y dentro de la ciudad y que presta un servicio más correcto gracias a un interés tradicional de la sociedad cordobesa por preservar las políticas de agua y alcantarillado, desde que se decidiera unificar y municipalizar los dos entes que lo prestaban, Aguas del Cabildo y el Servicio Municipal de Aguas. Reconociendo esto, hay que decir que con el asunto de las tarifas de 2010 se ha querido tratar a los cordobeses como panolis, gente simple que no sabe multiplicar y dividir.

En 2006, con Francisco Tejada en la presidencia de Emacsa, este periódico ya publicó que las nuevas tarifas venían con truco. Se vendía bastante menos agua por más dinero generando un incremento de la factura por encima de lo declarado. La realidad es que determinados consumos se disparaban. Ahora, en 2009, hemos vuelto a coger a la empresa, con Rosa Candelario en el despacho de presidenta, en la misma práctica.

Se puede engañar a algunos todo el tiempo o a muchos durante un periodo muy corto, pero no se puede engañar a todo el mundo, a la vez y durante todo el tiempo, dicen que dijo Abraham Lincoln. Nunca jamás desde que se tomó la decisión de cambiar el marco tarifario –ni en 2006 ni ahora– Emacsa informó adecuada y comprensiblemente a los consumidores de cuál era la subida real y nominal propuesta, cómo se había realizado técnicamente y qué causas y consecuencias estaban en la raíz de la decisión. Para su información, toda esa documentación existe y está catalogada –de forma tan pomposa como ridícula– de confidencial.

La repercusión de la subida la han podido leer ustedes en este diario. Hay tramos de consumo –la cuota fija se congela– que se han incrementado entre un cinco y un 25% –con un incremento oficial del 1,5%–, dato que en toda esta semana no ha sido ni matizado ni corregido por los responsables políticos o técnicos de la empresa municipal. La explicación genérica es que hay que adaptarse a una norma del Parlamento andaluz no aprobada –puede aún ser enmendada–, aunque por mucho que se repase el proyecto de Ley de Aguas no hay forma de dar con un párrafo que diga que hay que crear unos tramos según los cuales se venda menos agua por más dinero.

Verán, esto no es una cuestión sobre el precio de un recurso natural. En Córdoba, el agua es cara, sí, a cambio de un servicio básico eficiente, de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente. Tan onerosa es que Emproacsa, sociedad mercantil de la Diputación, ha intentado hacer converger sus tarifas con las que pagan los vecinos de la capital y ha tenido que desistir de ello por razones puramente sociales.

Personalmente, prefiero pagar caro si el servicio que se presta es bueno, siempre que haya una mínima sinceridad por medio. El asunto de los nuevos tramos del agua tiene que ver con el derecho de los consumidores a ser informados, como personas mayores de edad, de las condiciones que se derivan de los contratos que tienen firmados.

Emacsa presta un servicio en régimen de monopolio. Explicando lo simple, no existe, de momento, la posibilidad de contratar el agua potable con otra firma en régimen de libre concurrencia puesto que se ha considerado, con acierto, que se trata de una actividad pública demasiado importante como para preservarla de determinadas prácticas del mercado. Precisamente, esa restricción en la libre elección de operador, privilegiada en cualquier caso, incrementa la responsabilidad social corporativa que se exige a cualquier empresa moderna, sobre todo si sus propietarios son –apunten, apunten– los 320.000 panolis que abonan y achantan la muy (en cheli, dícese del acto de cerrar la boca).

Muchos cordobeses están –estamos– a favor de un servicio público eficiente, remunerado de forma adecuada, transparente y económicamente bien pertrechado. Y cuestiones como ésta –hacerlo, no denunciarlo, que nos conocemos– sólo le dan alas y argumentos a los que no ven diferencias entre que los servicios fundamentales estén en manos de empresas públicas o privadas.