Sometidos a la voluntad del mar y el clima inclemente, sin protección y en un viaje de varios días, los más cruciales de sus vidas, huyen en unas precarias embarcaciones que llevan a más de 60 personas, muchas más de lo que pueden soportar. Son menores de edad y llegan a España solos, en pateras, con el riesgo de ser devueltos a su país de origen después de haber logrado parte del cometido o, en el peor de los casos, de morir en altamar. El viaje lo han hecho escapando de sus realidades, malas por varias razones, pero con un único objetivo: labrar un futuro mejor para ellos y sus familias. Es la ilusión de los niños migrantes.

Ali Akabli y Zakaria Chouktali son dos jóvenes que ahora viven en Córdoba, ya hablan castellano y se han formado para incorporarse al sistema laboral español. Hasta ahora, suena prometedor, pero el camino está lleno de obstáculos que parecen no acabar nunca. Ali y Zakaria son extutelados del Estado, fueron acogidos a su llegada a España pero, al cumplir la mayoría de edad, quedaron a la deriva, como en altamar, pero en tierra firme.

Lo que piden, y se han organizado para ello dando vida al Colectivo de Extutelados y Extuteladas de Córdoba, es que las condiciones y exigencias para legalizar sus estatus migratorios se flexibilicen poniendo en marcha la reforma del actual Reglamento de Extranjería, que establece “multitud de trabas y dificultades” para la regularización de la situación administrativa de la población extutelada que ya se encuentra en España y que había sido protegida siendo menor de edad. El proyecto es una de las principales medidas en materia migratoria del Gobierno, pero su aprobación se retrasó en agosto y no parece tener fecha próxima para su discusión.

Ali Akabli, en uno de los patios de la Fundación Don Bosco.

“Ha sido un viaje muy largo, los primeros días te recibe la calle y después te llevan a un centro de menores, donde estudias y tienes derecho a comer y dormir, pero al cumplir los 18 años te quedan ocho meses de documentación legal”, explica Ali, que llegó desde Marruecos a los 17 años.

En esos ocho meses, los migrantes deben demostrar ingresos propios mensuales de 2.000 euros y, aún así, la autorización que se les otorga es a título no lucrativo. Es decir, no se les permite trabajar. Para revertir esta situación necesitan aportar un contrato de trabajo de al menos un año y a tiempo completo y “nadie te lo va a dar”, afirman.

“Nosotros venimos con buenas ideas, dejando a la familia atrás, con el objetivo de estudiar y trabajar” pero sin papeles en regla esos sueños no son alcanzables. “El empleo yo lo busco solo, no necesito que me den ayuda económica”, defiende el joven, que estudia un Grado Superior de Peluquería y está sin documentación desde hace un año.

Zakaria Chouktali posa para el Día.

“Todo el mundo paga para viajar en patera, hasta 3.000 euros, porque el visado es imposible, por eso arriesgamos la vida”. La historia de Zakaria es parecida a la de su compañero. Llegó a Canarias, tras un viaje de cinco días en el mar, los últimos sin comida y sin agua: “Siempre pensé que iba a morir”, reconoce.

Zakaria perdió a su madre a los nueve años por una enfermedad durante un embarazo, dejó en Marruecos a su padre y a su hermana. Ya en España, pasó seis meses trabajando ilegalmente en Lanzarote, viajó a Bilbao y vivió durante un mes en las calles, hasta llegar a Córdoba, donde ahora vive en un piso de acogida de la Fundación Don Bosco y estudia un Grado Superior de Integración Social en un instituto privado, porque en el público le piden documentación en vigor, que no tiene.

“Me hacían falta muchas cosas en mi país, el trabajo no tiene una Ley, no hay derechos laborales, no podía trabajar y no tenía dinero para pagar mis estudios; a veces no teníamos comida en casa, necesitaba salir de allí, por eso arriesgué mi vida”, expresa Zakaria, que intentó obtener un visado para entrar a España y no tuvo éxito.

Imagen de la última manifestación del colectivo de extutelados en Córdoba.

Defienden que "vamos a seguir luchando" porque consideran que “siempre se habla de la igualdad, pero nosotros no somos tratados igual, queremos los papeles para pagar nuestros impuestos, queremos devolver el dinero a España” que se ha invertido al acogerlos, aseguran. “Si alguien no quiere trabajar en el campo, levantarse a las 07:30, yo sí lo quiero hacer; nosotros hacemos el trabajo que ellos no quieren, por ejemplo el del campo, donde la mayoría son extutelados recién salidos del centro, que hacen que llegue la fruta fresca a la mesa”, expresan.

Los cuatro Pisos de Autonomía de la Fundación Don Bosco en Córdoba acogen a alrededor de 18 jóvenes actualmente y atienden a más de 40 de ellos, de diferentes nacionalidades y situaciones económicas y sociales, en formación y con programas de acompañamiento educativo.