La Justicia libra al Ayuntamiento de Córdoba de indemnizar a tres urbanizaciones por el chasco de la recogida neumática

Las reclamaciones que decenas de residenciales de toda Córdoba han dirigido al Ayuntamiento por el chasco de la recogida neumática empiezan a resolverse en los tribunales. Y, por el momento, en contra de las pretensiones de los vecinos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 acaba de librar al Consistorio del pago de tres indemnizaciones que solicitaban otras tres comunidades de propietarios de zonas de expansión de la ciudad que fueron obligadas por la Administración local a implementar un sistema de recogida neumática de residuos que, finalmente, no llegó a ponerse en marcha.

En las sentencias, a las que ha tenido acceso El Día de Córdoba, el juez expresa sus "serias dudas" acerca del alcance de responsabilidad patrimonial de la Administración y concluye que la "inobservancia no genera por sí misma derecho a indemnización como causante de un daño". Argumenta, asimismo, que la "deficiente gestión del plan" no determinaría por sí misma "el daño consistente en la inutilidad del sistema de recogida neumática de residuos sólidos, sino a lo sumo la pérdida de la oportunidad de su funcionamiento adecuado y oportuno". En suma, desestima el pago de una indemnización.

Reclamaciones denegadas de hasta 408.000 euros

El residencial Mezquita de Poniente, en el nuevo Zoco, reclamaba 408.172 euros al Ayuntamiento, que el juez les niega. La comunidad alegaba que se ubica en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Municipales (Perns), aprobado por el Consistorio en diciembre de 2005, hace ahora 20 años. Este plan exigía al promotor ejecutar determinadas infraestructuras de canalización subterránea de recogida de residuos y equipos y la reserva de un espacio específico en los edificios para instalar los buzones de depósito.

En este caso concreto, el gasto ascendió a 203.161,90 euros, según el informe pericial, pero el sistema nunca llegó a ponerse en funcionamiento durante los 17 años de vigencia del plan, hasta que finalmente quedó anulado en 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esto derivó en una "grave queja de los agentes implicados por el coste" y se materializó en decenas de procedimientos similares contra el Consistorio por reclamación de cantidad que los jueces empiezan ahora a resolver a favor del Ayuntamiento.

Otra comunidad afectada es la de Las Ermitas, con argumento idéntico, aunque en su caso la cuantía solicitada era de 148.124 euros, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 también deniega. La tercera sentencia afecta, con idéntico pronunciamiento, a la comunidad Hábitat Zahira, del barrio del Nuevo Zoco, que pedía una indemnización de 159.552 euros.

El Ayuntamiento defiende su "actuación razonable"

En todos los casos, el Ayuntamiento negaba que el daño sufrido por los residenciales pueda ser considerado antijurídico, al "haber observado la Administración una actuación razonable desde el momento en que ejercitó sus potestades discrecionales con apoyo de diversos informes técnicos, tanto internos como externos, y estar previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la habilitación del plan especial".

Alegaba, además, que el "supuesto daño" no es efectivo por la posibilidad de redactar un nuevo plan especial que permita el funcionamiento de las instalaciones, que "además están siendo utilizadas entre tanto por los vecinos". Argumentó, asimismo, que podría no existir necesariamente correspondencia entre el coste de la instalación de recogida neumática y el precio final de venta, del mismo modo que "tampoco pueden trasladarse de forma directa los porcentajes de los gastos de urbanización".