El Gobierno garantiza la inversión y empleos en Córdoba pese a la anulación del contrato del lanzacohetes de Escribano

Las medidas anunciadas el pasado martes por el presidente del Gobierno frente al "genocidio" de la población palestina en Gaza han tenido una repercusión directa en Córdoba: el Ministerio de Defensa ha anulado el contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam), parte del cual ejecutaba la empresa Escribano en sus instalaciones de Córdoba. Esta anulación ha puesto en la mira la primera inversión empresarial realizada en el marco de la construcción en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra, pero el Gobierno asegura que no hay que temer la pérdida de esa inversión ni de los puestos de trabajo que lleva asociados, un centenar en la actualidad.

"El programa Silam seguirá activo y los puestos de trabajo e inversiones previstas para nuestra provincia van a continuar", ha asegurado esta mañana la subdelegada del Gobierno, Ana López. Este programa tiene por objeto la entrada en servicio de un sistema integrado de artillería de largo alcance (hasta los 300 kilómetros) y alta precisión. Será un sistema que estará formado por los medios de lanzamiento, las municiones, los medios de observación radar y UAS (sistemas aéreos no tripulado), así como los elementos necesarios para su integración, mando, control, enlace y reconocimiento. Su ejecución fue adjudicada a la UTE formada por Escribano y Expal para su entrega a finales de 2027, pero contaba con tecnología israelí. Por ello, el Gobierno ha anulado el contrato.

Su ejecución se encontraba avanzada. Hace unos meses, EM&E Group realizó un desembolso de 18 millones de euros en maquinaria de alta tecnología para sumar a la maquinaria que la compañía ya tiene operativas en Córdoba, elevando la inversión que ha realizado la firma en este tipo de equipos a 25 millones de euros. Además, la compañía también había apostado por la ampliación de terrenos y tenía previsto alcanzar los 300 empleos en 2030.

Son esos planes los que se ponían en duda con la decisión gubernamental, pero desde la Subdelegación del Gobierno se asegura que la anulación del contrato no supone la desaparición del programa, sino que habrá que buscar alternativas tecnológicas para seguir desarrollando el mismo. "Desde hace meses, Defensa está buscando alternativas a la tecnología israelí con dos objetivos: tener una mayor autonomía de las empresas de defensa españolas y por otro lado potenciar esa industria", asegura López. Desde la empresa Escribano se ha declinado hacer ninguna declaración sobre la decisión adoptada por el Gobierno.

Sobre ella sí se ha pronunciado el alcalde, José María Bellido, que ha esperado que "no afecte a los planes de Escribano en Córdoba y el Gobierno cumpla con lo anunciado y garantice la producción. Nos ha costado mucho trabajo convertir a Córdoba en referente industrial en materia de defensa y Escribano fue primera empresa que apostó, es un proyecto importante para Córdoba y para la estrategia de defensa nacional".