Un gerente del Imdeec revela las presiones a favor de "apadrinados"

Como si no hubiera habido sobresaltos en la comisión del Imdeec, uno más. El testimonio de Rafael Montesinos, el primer gerente que tuvo la entidad, es un retrato de presiones para amoldar la plantilla a intereses privados del Consistorio, de los sindicatos y de la patronal y de decisiones de gestión también sorprendentes. La primera en la frente: dice que "hubo presiones por parte de sindicatos y empresarios para ver colocados a sus apadrinados" en la plantilla de la entidad. Montesinos fue contratado en 2004 para poner en marcha el instituto y despedido nueve meses después cuando la edil de IU Milagros Escalera era quien llevaba las riendas de la entidad. Su despido fue sonado porque recibió algo más de 30.000 euros de indemnización por despido que se vendió como un mutuo acuerdo.

Montesinos, en su declaración escrita ante la comisión de investigación, explica cómo fue la política de personal de aquella etapa y la califica de "kafkiana". El primer diseño de la plantilla, la Relación de Puestos de Trabajo, se realizó, afirma, sin ningún tipo de ayuda o asesoramiento por parte de personal del Ayuntamiento a pesar de que se pidió auxilio (la entidad estuvo sin personal los tres primeros meses de su mandato) a la Secretaría General, a la asesoría jurídica del Imdeec y al teniente de alcalde de Personal, que en aquella etapa era José Antonio Cabanillas. Dicho documento nunca se remitió a Intervención como no se hizo la adscripción de funcionarios municipales de la entidad. A Montesinos no le consta que ello no se hiciera y dice que era responsabilidad de la secretaría general del Imdeec. La RPT, ahora criticada, se realizó "adecuando en la medida de lo posible las funciones que deberían de contemplarse a las cartacterísticas del personal cuya adscripción se estaba considerando".

Explica Montesinos que la edil de IU que llevaba el Imdeec, Milagros Escalera, "no era la persona adecuada para el cargo". En aquella etapa, afirma, no tomaba decisiones sin llamar a Comisiones Obreras "para pedir conformidad" y nunca apoyó las decisiones que se adoptaban desde la gerencia. Se unieron dos culturas: la de la "familia pobre" que trabajaba en el Ayuntamiento en asuntos de formación ("acostumbrada a una política de desempeño profesional e incentivación por objetivos") y la "familia rica" -"creada a mayor gloria de Rafael Blanco"-, el antiguo departamento de Desarrollo Económico, acostumbrada al trabajo de estudio en despacho pero sin contacto con la calle.

Montesinos explica que el personal del Observatorio de Empleo -trabajadores que nombraban directamente patronal y sindicatos- "no siendo del Imdeec quisieron en un determinado momento hacer valer unos hipotéticos derechos para acceder al instituto, principalmente los procedentes de los sindicatos". El exgerente afirma que "perdió esa batalla". Asegura que, en aquella etapa, no había ayuda funcionarial y que había una total indiferencia municipal -la alcaldesa era Rosa Aguilar- a las políticas de empleo. "Sólo se valoraban los cursos de formación y la creación de cooperativas, a ser posible de mujeres". Y un dato trascedente: el Imdeec consiguió firmar un acuerdo con una entidad financiera para poner en marcha un sistema de microcréditos de 1,8 millones que nunca se puso en marcha "porque la Alcaldía no quería molestar a Cajasur ni a su presidente, Miguel Castillejo". Más. La UCO puso en marcha un sistema de gestión y control que nunca se utilizó. Ni el sistema ni el servidor adquirido para esta finalidad.

La comisión de investigación conoció ayer una ampliación de la declaración del expresidente Valentín Priego. Vuelve a ratificarse en que hizo lo correcto al abrir una serie de expedientes sancionadores tras detectarse indicios racionales de irrregularidades entre tres empleados. "Lo contrario sería prevaricar", dice. Priego niega haber obligado nunca a ninguna trabajadora -la misma que ayer amplió documentación sobre su declaración inicial- a firmar nada contra su voluntad y que todas las órdenes se dieron ante testigos.

Defiende los gastos en los que incurrió. A Jerez fue acompañado a los jóvenes de un taller de empleo, ocho de los cuales han encontrado trabajo en el sector de la moto. Y afirma que pasó kilometrajes de actividades porque usaba su vehículo particular en vez de utilizar coches y chóferes municipales, una opción más cara. Afirma que hay concejales que cobran dietas dobles o que perciben dinero por asistir a reuniones de las que se van sin que acaben. Asegura que todo es una cortina de humo creada para desviar la atención de lo relevante: los expedientes disciplinarios y los resultados de la auditoría.