Balance estadístico del Ministerio del Interior

Las fugas de menores en Córdoba disparan los casos de desaparecidos

  • Córdoba registra 100 denuncias por desaparición en 2018, pasando de 124 casos a 235, aunque sólo hay tres consideradas de alto riesgo

Mapa nacional de desapariciones Mapa nacional de desapariciones

Mapa nacional de desapariciones / Departamento de Infografía

Las fugas de menores de los centros de acogida o de reforma han disparado las denuncias por desaparición que se mantienen activas en la provincia de Córdoba. Así figura en el informe anual sobre desaparecidos que publica el Ministerio del Interior.

Este documento recoge una serie de estadísticas por provincias. En la de Córdoba, a fecha 31 de diciembre de 2018, permanecían abiertos 235 casos. De ellos, sólo tres son de riesgo alto. La cifra supera en más de un centenar de casos a la del año anterior, que se cerró con 124 expedientes.

Esta subida importante sigue una tendencia que se observa en toda España. Interior explica las causas de la misma en su informe. “Aunque las fugas de menores de centros de acogida se han venido incrementando desde el año 2017, ha sido durante el pasado 2018 cuando dicho aumento se ha producido de manera considerable”.

En concreto, en toda España han crecido un 67,8% las denuncias activas por menores correspondientes a hechos de este tipo. En estos datos se incluyen a los menores extranjeros no acompañados (Mena), que suelen escaparse con frecuencia de los centros en los que se encuentran.

Los responsables de estas instalaciones presentan denuncias por desaparición cuando se produce alguna de estas fugas, pero luego se olvidan de comunicar que el menor ha aparecido. De esta forma, la denuncia se queda abierta y no se cancela, y sigue contando en la estadística.

De las 235 denuncias que permanecen activas en la provincia de Córdoba, 205 corresponden a menores de edad. Traducido a porcentajes, más del 85% del total. Y entre los menores, tres de cada cuatro corresponden a inmigrantes.

Así, la mayoría de las desapariciones que permanecen sin resolver corresponden a hombres de nacionalidad extranjera. La mitad de ellos proceden de Marruecos.

Interior ha revisado el protocolo para investigar las desapariciones

Otras 16 denuncias son casos de sustracción de menores. Este tipo de delito es el que comete uno de los progenitores cuando no entrega a su hijo a quien tiene la guarda y custodia del mismo. Estas denuncias también han subido, pues en 2017 fueron diez y el año anterior seis.

Casi el total de las denuncias activas en Córdoba son de riesgo limitado, sólo tres han sido calificadas como de riesgo alto. Además, las tres se encuentran calificadas con un riesgo alto confirmado. Esta es una clasificación que establece el Ministerio del Interior en función del criterio de la Policía Judicial que analiza cada desaparición.

Si el desaparecido es menor de edad, el caso siempre se considera de alto riesgo. A raíz de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo, el Ministerio del Interior cambió los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad para investigar las desapariciones.

Cada vez que se denunciara la ausencia de una persona de menor de edad, la Policía y la Guardia Civil comenzarían inmediatamente a investigar, sin necesidad de que transcurrieran 24 horas ni ningún otro plazo.

Era una forma implícita de reconocer los errores de la Policía al principio de la investigación, que terminarían siendo claves para que nunca se hallara el cuerpo de la joven desaparecida.

Diez años después, Interior ha vuelto a revisar los protocolos de actuación para las desapariciones. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, presentó la semana pasada un paquete de medidas que han sido puestas en marcha por su departamento para mejorar la eficacia en las investigaciones sobre personas desaparecidas y la atención a los familiares de las víctimas.

Desde el año 2010 se han presentado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resueltas 163.405, según figura en el informe, que ha servido precisamente de punto de partida para articular una mejor respuesta a este problema.

Grande-Marlaska explicó que mejorar los mecanismos ante las desapariciones de personas constituye una prioridad para el Ministerio y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La presentación de las medidas se hizo de cara a la celebración el 9 de marzo del Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Entre estas medidas destaca la puesta en marcha del protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, que ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis, y cuyo objetivo principal es servir de herramienta de base a emplear por los miembros de los Cuerpos policiales cuando estén en situación de hacer frente a un hecho de esta naturaleza.

Según la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, este documento establece una nueva clasificación sobre las personas desaparecidas (desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas), algo fundamental debido a la gran casuística que muestra el entramado de las desapariciones, que, partiendo de una realidad abrumadora como es que la desaparición de una persona, conlleva unas circunstancias que la hacen única en cada caso.

En función de esta clasificación, el documento introduce unos indicadores de riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza.

En el protocolo se recopilan de manera ordenada los distintos aspectos de la actuación policial ante desapariciones, especificando de manera diferenciada aquellas acciones que deberán ser desarrolladas en función de la clasificación establecida, la tipología existente y la valoración del riesgo y el peligro presente para una persona sobre la que consta una denuncia por desaparición.

De las 235 denuncias activas en Córdoba, 205 corresponden a menores de edad

Por otra parte, se incluye un apartado concreto dirigido a los familiares, personas allegadas y conocidos de personas desaparecidas, donde se precisan aspectos relacionados con la atención, protección y orientación que debe dispensarse.

El ministro del Interior destacó que el trabajo coordinado “es fundamental para aliviar la situación de los desaparecidos y de sus familias”.

Antes de la presentación, el ministro, junto a Botella y responsables del Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), mantuvo una reunión informativa con familiares y representantes de las asociaciones de personas desaparecidas.

Entre estas personas estaba Charo Gómez Largo, hermana de Joaquín, un hombre de 68 años que permanece desaparecido desde septiembre de 2018. Se perdió en la aldea de El Priorato, en Sevilla, y desde entonces se le ha buscado sin éxito.

La hermana, que reside en Sabadell, se ha quejado de la falta de medios para la búsqueda de las personas desaparecidas. “A mi hermano la Guardia Civil lo buscó durante tres días y después nos quedamos solos”, lamentó esta mujer.

En Córdoba, existen casos abiertos como son los de Paco Molina –cuyo caso se ha reabierto recientemente–, desaparecido en 2015; Ángeles Zurera, en 2008; Fuensanta Roldán, vista por última vez en enero de 2014.

Una de las desapariciones más recientes, ya resuelta, es la de Pedro Campaña, desparecido en Priego el pasado mes de febrero, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 3 de marzo.

Además, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda de un joven de 17 años que se ha ausentado desde el 21 de febrero del centro MENA de Montemayor. Desde SOS Desaparecidos han detallado que el joven, que se llama Jawal Jerray, mide 170 centímetros, pesa 65 kilos, tiene el pelo liso y corto, de color castaño y con ojos negros.

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