La Fiscalía alerta sobre la valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género en Córdoba

La Fiscalía ha alertado de que no se está valorando adecuadamente el riesgo de las víctimas de violencia de género en Córdoba en algunos casos. La valoración policial del riesgo constituye un elemento esencial en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género, ya que condiciona la activación de medidas de protección. Es decir, compromete la adopción de medidas cautelares, particularmente la instalación de dispositivos telemáticos.

Aunque la mayoría de las fiscalías territoriales reflejan la utilidad de los informes policiales de valoración del riesgo, en provincias como Córdoba (además de Cádiz, Albacete y Girona), sin embargo, se han puesto de manifiesto problemáticas relevantes derivadas de la infravaloración de situaciones de riesgo reales. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 publicada este viernes indica que en Córdoba, en casos de víctimas de violencia de género con adicciones, discapacidades u otras circunstancias de vulnerabilidad, la valoración policial de riesgo refleja niveles de riesgo "no apreciado" o "bajo".

Que no se esté valorando adecuadamente el nivel de riesgo de las víctimas, según la Fiscalía, "ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias" en el caso de Córdoba. En provincias como Cádiz, donde la situación es similar, se ha reclamado una mejor coordinación entre evaluación policial y judicial para garantizar una protección efectiva, lo que podría ser un ejemplo a seguir en el caso del territorio cordobés.

Con respecto a los instrumentos para la protección de las víctimas, delegaciones territoriales como Córdoba cuentan con Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), que son las encargadas de asistir a los órganos judiciales mediante la evaluación clínica y psicosocial de víctimas y agresores. Estas unidades "un año más presentan notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona su funcionamiento y efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas", como señala la memoria de la Fiscalía de 2024.

En el caso de Córdoba, cuenta con dos unidades de valoración forense que, pese a que agilizan informes, sus plazos están siendo de seis meses, un largo tiempo de espera en comparación con otras provincias de Andalucía, donde la dotación y el funcionamiento es "desigual". En Almería, por ejemplo, el equipo completo emite informes entre tres y cuatro meses. Huelva, pese a no contar con unidades estables, mantiene una media de tres meses.

La delegada de Córdoba ha trasladado que mayoritariamente las víctimas atendidas en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de delitos (OAV) son las de violencia de género, agresiones sexuales y violencia familiar. Con respecto a las sentencias dictadas por las audiencias provinciales por feminicidios íntimos de pareja, ampliados y por conexión, se han comunicado a la Unidad 4 sentencias absolutorias dictadas por la institución en Córdoba.

Deficiencias arquitectónicas en los juicios de menores

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 alerta de que en el Juzgado de Menores de Córdoba existe un déficit estructural en su instalación, ya que "no es posible evitar la coincidencia de víctimas y menores investigados". Córdoba, además, propone la realización de una guía de buenas prácticas para las declaraciones a través de videoconferencia.

La Fiscalía también ha detectado un aumento en la práctica de declaraciones preconstituidas, la cuales "están directamente relacionadas con el abrumador incremento de víctimas menores de edad, sobre todo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, al ser concebida la preconstitución de sus declaraciones como una herramienta imprescindible para minimizar su revictimización". Así, en Córdoba se han preconstituido 91 declaraciones de menores.

En la mayoría de las provincias la Entidad Pública dispone de recursos residenciales y programas de transición a la vida adulta, al menos hasta los 21 años, aunque generalmente son insuficientes, reflejando un fracaso para la administración que no ha sido capaz de encontrar tras un largo periodo de internamiento, una salida estable y garante del bienestar de la persona menor de edad. Consecuencia de lo anterior, Córdoba, ante la situación de especial vulnerabilidad social y laboral tras el cese de la medida de tutela, al alcanzar mayoría de edad de jóvenes extutelados, ha reforzado el seguimiento en la fase de transición a la vida adulta.