La Fiscalía pide tres años de prisión para tres empresarios acusados de defraudar a la Seguridad Social en Córdoba
Tribunales
El Ministerio Fiscal defiende que los acusados eludieron el pago de las cotizaciones de sus trabajadores creando una estructura de sociedades mercantiles
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La Fiscalía de Córdoba pide tres años de prisión para tres empresarios acusados de defraudar a la Seguridad Social creando, presuntamente, una estructura de sociedades mercantiles para evitar el pago de las cotizaciones de sus trabajadores.
El Ministerio Fiscal solicita también la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 1.234.576 euros para cada uno de ellos, el doble de la cantidad supuestamente defraudada, que ascendería a más de 600.000 euros.
El escrito de acusación al que ha tenido acceso El Día explica que los tres acusados, "de común acuerdo y de manera concertada", costituyeron sucesivamente una serie de entidades, utilizando para su desarrollo y gestión el mismo local y ello "con la finalidad de defraudar las cuotas de la Seguridad Social generadas".
Uno de los acusados, "a fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Seguridad Social decidió que no pagaría las cuotas" generadas por el alta de los empleados de sus empresas, "ni las cuotas de recaudación conjunta generadas por dichas altas, diseñando una estructura societaria fraudulenta con cuatro mercantiles, constituyéndolas sucesiva o simultáneamente, para impedir igualmente que la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social consiguiera cobrar las deudas que se iban contrayendo y que no se pagaban".
Este empresario, según la Fiscalía, "era el verdadero gestor" de las cuatro sociedades creadas, constituyéndose de "común acuerdo" un segundo empresario "como testaferro y constando como fundador y administrador único y aparente" de todas las entidades.
El escrito de acusación señala que, a su vez, el tercer empresario acusado "participó y colaboró con ellos en el entramado, interponiéndose como uno de los sucesivos arrendatarios simulados, sucediéndose así en la explotación de la actividad" desarrollada por la empresa principal.
Todo ello, "con la finalidad de enmascarar la titularidad real del negocio y frustrar y entorpecer el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en connivencia con los otros dos acusados".
Cuando la primera empresa empezó a generar deuda por el impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores, incide el Ministerio Fiscal, los acusados comenzaron a crear de manera sucesiva las sociedades mercantiles, "generando las siguientes deudas a la Seguridad Social al no haber presentado boletín de cotización, así como declaración de ingresos".
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