La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel a un policía local por la agresión a un vecino de Córdoba

La Audiencia Provincial juzgará este miércoles a dos policías locales por la detención y agresión a un vecino de Córdoba que recriminó a uno de ellos que estuviera grabando un vídeo. La Fiscalía y la acusación piden penas de prisión e inhabilitación por delitos de detención ilegal, contra la integridad moral, falsedad, denuncia falsa y lesiones.

Según ha explicado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha acompañado al denunciante en este caso, los hechos sucedieron el 30 de marzo de 2023, cuando los dos agentes contra los que se ha abierto juicio oral se trasladaron hasta la calle Periodista Eduardo Varo, ubicada en la capital cordobesa. Allí demandaron al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos que habían dejado sus animales, momento que fue grabado por uno de los agentes y que motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido.

El agente reclamó a este ciudadano su documentación. Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar. No obstante, el afectado recapacitó y desandó el trayecto realizado para entregarse de manera pacífica a los agentes de la autoridad.

Sin embargo, "uno de los agentes que ahora son juzgados le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia, restregándole la cara en la misma, para inmediatamente después, colocarle los grilletes. A pesar de que el vecino ya engrilletado mantenía una actitud pacífica, el mismo agente vuelve a practicarle una llave, lo derriba y estampa su cara contra el suelo para, a continuación, inmovilizarlo durante varios minutos mientras coloca su rodilla contra la zona lumbar de esta persona".

Las imágenes grabadas por la cámara existente en la farmacia junto a la que se produjo esta actuación policial "permitieron no solo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra la persona detenida", sobre la que se recogió en el atestado que había dado una patada al agente y había presentado resistencia, "sino que fueron la base para la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, que archivó la causa seguida contra el vecino de dicha ciudad al mismo tiempo que acordaba abrir diligencias contra los dos policías locales implicados en los hechos por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. De no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta 4 años".

El informe pericial presentado por la acusación particular ante el Juzgado, y que ha sido elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que la persona agredida ha sufrido, además de secuelas físicas, una reacción de estrés agudo que en la actualidad ha derivado en “un trastorno adaptativo mixto con predominio de síntomas ansiosos”. El propio agredido relata que “me sentí como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar así tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando por ahí”.

La Apdha, que ejerce la acusación particular, aprecia la comisión de hasta 5 delitos por parte del agente que practicó la detención y de otros 2 delitos (falsedad documental y denuncia falsa) cometidos presuntamente por el otro policía presente en el momento de los hechos. Apdha solicita en su escrito de acusación penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados. La Fiscalía solicita pena de prisión de 3 años y 6 meses por un delito de falsedad y de 1 año por delito contra la integridad moral, además de dos meses de multa por lesiones, para uno de los acusados, aunque exime de responsabilidad al otro agente por no estar presente en el momento de la supuesta patada denunciada por su compañero.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamenta que “durante todo este tiempo la Administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, no ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada” y explica que “este tipo de actuaciones policiales, totalmente arbitrarias y desmedidas, son mucho más comunes de lo que creemos, aunque no siempre es posible contar con imágenes y grabaciones que permitan desmontar la versión policial”.