El fiscal pide la inhabilitación del alcalde de Espejo por prevaricación

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita ocho años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación para el alcalde de Espejo, Francisco Medina, debido a una supuesta contratación irregular. Los hechos por los que el primer edil se sentará próximamente en el banquillo de los acusados se remontan a marzo de 2006, cuando el procesado convocó un proceso selectivo para la contratación por parte del Ayuntamiento de un dinamizador para un centro de acceso público a internet.

A la convocatoria se presentaron dos aspirantes que, finalizado el proceso de selección, obtuvieron una puntuación de 12.024 y 11.861 puntos respectivamente. Lógicamente, el 17 de abril de aquel año, el tribunal seleccionó para el puesto de dinamización a la aspirante con mayor puntuación, según recoge el Ministerio Público en su informe provisional de acusación. Pero, cuando llegó el momento de formalizar la contratación de la ganadora de la plaza, el edil ignoró "por completo el proceso selectivo llevado a cabo y se apartó de las bases de la convocatoria, así como del resultado del proceso selectivo y decidió contratar a las dos aspirantes".

Así, a través de un contrato de trabajo de duración determinada -seis meses a partir del día 1 de mayo de 2006-, el procesado empleó a las dos mujeres por un salario de 583,37 euros mensuales, por 20 horas semanales.

El Ministerio Fiscal interpreta que el acusado "actuó arbitrariamente", debido a que "prescindió de la oferta de empleo público" y, como consecuencia de esto, "no respetó los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Su resolución -expone la Fiscalía en su informe- "perjudicó las expectativas laborales de la aspirante seleccionada por la comisión", que no tuvo más remedio que compartir el cargo con la otra opositora.

Francisco Medina, de Izquierda Unida (IU), obró supuestamente de manera "unilateral", sin que los servicios jurídicos ni de intervención del Ayuntamiento fueran siquiera consultados, expone el Ministerio Fiscal en su tesis. Esto supuso para la ganadora de la plaza "una merma en las horas de contratación y, por ende, de las retribuciones".

La denuncia pública de la perjudicada motivó la apertura de unas diligencias por parte de la Fiscalía Provincial, que vio indicios de delito en el caso y decidió remitir el expediente al juez. Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un supuesto delito de prevaricación, por el que Francisco Medina se enfrenta a una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como al pago de las costas por la celebración del juicio.