El fiscal pide el derribo de un chalé construido en Las Pitas en 2006

El frente abierto por la Justicia contra los delitos urbanísticos en el año 2006, en plena eclosión de la operación Malaya, no evitó que las construcciones ilegales continuaran proliferando en la ciudad. Prueba de ello es el caso que se juzgará en el Penal 4 el próximo mes de abril, cuando dos parcelistas se sentarán en el banquillo de los acusados por construir, supuestamente, una vivienda sin solicitar permisos en la parcelación de Las Pitas. Como condena, la Fiscalía propone la demolición de la vivienda y dos años de prisión para cada procesado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

El Ministerio Fiscal sitúa el inicio de las obras en el mes de junio de 2006, transcurridos apenas unos meses del inicio de la investigación judicial contra la trama urbanística en el Ayuntamiento de Marbella. La instrucción del juez Torres puso en pie de guerra a todas las administraciones contra los delitos urbanísticos. Y es en este momento cuando la Policía Autonómica fortaleció su lucha contra las nuevas construcciones ilegales en el entorno de la ciudad palatina de Medina Azahara.

La Fiscalía recuerda en su informe provisional de acusación que los procesados -R. G. A. y F. M. M., ambos de 27 años- eran propietarios de una parcela situada junto a la carretera de Palma del Río incluida en la superficie declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía por su cercanía con el monumento omeya. Pero, a pesar de que la Justicia ya ha seguido numerosos procedimientos contra parcelistas de la zona, los procesados iniciaron en el mes de junio de 2006 una vivienda de una planta. La Fiscalía subraya que las obras comenzaron "sin solicitar licencia municipal ni autorización a la Delegación de Cultura", a pesar de lo cual R. G. A. y F. M. M. levantaron un chalé de 40 metros cuadrados de planta rectangular y tejado a doble agua. Cuando los agentes detectaron la construcción, los tabiques se encontraban sin enlucir, detalla el fiscal, que también solicita para los procesados una multa de 10.800 euros

La vista oral se celebrará el próximo 24 de abril, aunque hasta el momento los jueces han dado la espalda a los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público sobre delitos urbanísticos en el terreno protegido de Medina Azahara. Las sentencias han insistido en la imposibilidad de condenar a los parcelistas por tratarse de un asentamiento consolidado y que dispone de servicios básicos facilitados por el Ayuntamiento.

Las únicas sentencias condenatoria por delitos urbanísticos en la provincia han sido dictadas contra construcciones de Puente Genil y Obejo. En este último caso, y a pesar de las peticiones de los propietarios para que las viviendas siguieran en pie, el juez no cedió y materializó el primer derribo que se ha producido hasta ahora en Córdoba. El caso de Puente Genil se encuentra recurrido. Tal es la cantidad de casos sobre ordenación del territorio que está previsto que lleguen a las salas de vistas en los próximos meses que los magistrados de la Audiencia han previsto celebrar un plenillo con el objetivo de unificar criterios en sus resoluciones.