Córdoba

La familia de un niño con autismo severo pide su ingreso terapéutico en un centro público

  • Andrés, de 12, también sufre de epilepsia y responde con agresividad ante algunas situaciones de estrés

  • La Junta no dispone de plazas para estos casos en menores

Los padres de Andrés, junto a Antonio Ruiz (derecha).

Los padres de Andrés, junto a Antonio Ruiz (derecha). / Lolo Agredano

María Pacheco y Andrés Moreno son los padres de Andrés, un niño de 12 años con autismo severo y epilepsia, y piden su ingreso psiquiatrico-terapéutico en un centro público. Sin embargo, los progenitores han manifestado en la sede de Autismo Córdoba que "la Junta de Andalucía no dispone de ninguna plaza pública para estos casos", ya que se trata de un menor. La familia teme por la seguridad del niño, ya que debido a sus condiciones "responde con agresividad ante la frustración, lo que genera situaciones dramáticas que ponen en peligro su salud".

En junio de 2019 "tras varias lesiones de cierta gravedad causadas a familiares y terapeutas" le prescriben un ingreso hospitalario con carácter de urgencia, y a pesar de la activación de todos los protocolos por parte de Servicio de Salud Mental de Córdoba, se les notifica que no existen plazas públicas de este tipo para menores en Andalucía. Por lo tanto, recurrieron a un acuerdo con una institución privada que "aunque en un primer momento aceptó el ingreso, finalmente lo rechaza".

Ambos han destacado que "esta situación deja totalmente indefenso a un niño con discapacidad y vulnera algunos derechos básicos que deberían ampararle". Por ello, han considerado que es innegable que se debe crear una plaza o adaptar alguna de las existentes a sus necesidades, y hacen un llamamiento a instituciones públicas y privadas "para que nos ofrezcan los recursos que tengan disponibles y sean acordes con lo que Andrés necesita".

Los padres han puesto de manifiesto que está medicado desde hace tres años, "tomando en la actualidad 12 pastillas diarias con un medicamento que afecta gravemente a su metabolismo, lo que le ha llevado a engordar 20 kilos en los últimos siete meses".

La familia ha aclarado que fueron atendidos "personalmente por el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo", así como otros representantes de la Junta, de quienes han recalcado que "han cumplido con todos los procesos que corresponden con el caso". 

La respuesta general que se han encontrado es que "o el caso es muy grave para los recursos que les corresponden por su edad, o no se admite la tutela compartida con la Junta por estar muy bien cuidado o no se ponen de acuerdo entre delegaciones". De hecho, han destacado que "también nos pusieron sobre la mesa la opción de denunciar a nuestros hijo, cosa que jamás haremos, pues si existe una víctima es él".

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