Los trabajos de exhumación de los restos de 3.152 personas represaliadas por el franquismo, que se encuentran en fosas comunes en dos de los cementerios de Córdoba, se retrasan a la espera de que el Ayuntamiento saque un nuevo contrato. Todo ello después de que una empresa de arqueología conquense, Carpetania Íntegra, presentara un recurso contra el pliego de licitación alegando, entre otras cosas, que las actuaciones se debían dividir en dos lotes, uno por cementerio -San Rafael y La Salud- y no en uno como refleja dicho pliego.  Una resolución del tribunal contractual del Ayuntamiento le ha dado la razón a la empresa y finalmente se deberá modificar el contrato incorporando los dos lotes, tal y como ha informado el edil de Gestión, Antonio Álvarez. La fecha de presentación de empresas para optar a las actuaciones concluía el pasado 17 de marzo, pero todo se paralizó tras el recurso de la empresa.

"El hecho de no haber dividido las actuaciones en lotes obedecía a un criterio técnico fácilmente entendible: todas las memorias existentes sobre las posibles exhumaciones indicaban que en el cementerio de San Rafael es bastante indefinida la zona donde hay que efectuar la búsqueda, donde hay que realizar los movimientos de tierra, mientras que en el cementerio de la Salud está bastante claro el lugar, algo corroborado por las catas que allí hemos realizado. Por eso se optó por un solo lote", ha sentenciado Álvarez.

El edil de Gestión ha relatado que la modificación de la memoria del pliego de licitación va a suponer "un retraso de entre cinco o semanas semanas" con respecto al plazo previsto, "ya que de nuevo tendrá que pasar el expediente por los informes de Intervención y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, para salir a contratación y esperar las ofertas que se presenten".

Las exhumaciones van a ser posibles gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que aportan 1,6 millones a partes iguales, para el proyecto que incluye la prospección del entorno de las fosas y la exhumación, según recoge el pliego de prescripciones técnicas.

Francisco Acosta Ramírez es director de la Cátedra de Memoria Democrática, impulsada por la Diputación y Universidad de Córdoba y profesor titular del Área de Historia Contemporánea, y uno de los historiadores que sitúan "en torno a 4.000" las personas represaliadas que se encuentran en las tres fosas de los dos cementerios cordobeses, La Salud y Sal Rafael, "la mayoría de la primera fase (de la represión), entre 1936 y 1939, fundamentalmente".

Dejadnos llorar ha relacionado a las 2.203 personas asesinadas que los historiadores han identificado tras el golpe militar de 1936 y por la represión posterior, que proceden de todos los municipios de la provincia de Córdoba, de todas las provincias de Andalucía, de otras 35 provincias españolas y de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoeslovaquia, Cuba, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Yugoslavia, extranjeros entre las que se encuentra una sola mujer, la periodista francesa Raneé Lafont.

El pliego sitúa 1.173 cuerpos enterrados hasta 1946 en la Fosa Virgen de los Dolores, sobre 910 metros cuadrados, y 1.163 en la Fosa Zona Alta (San Plácido-San Dimas), con 2.200 metros cuadrados en el cementerio de La Salud, y 816 personas en la Fosa Común (zona ajardinada 6) del Cementerio de San Rafael inhumados hasta 1944.