Interior traspasa a la Entidad Estatal de Vivienda los terrenos de la antigua cárcel de Fátima

El Ministerio de Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), ha confirmado este martes el traspaso de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios a Sepes, la nueva Entidad Estatal de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles. Entre los terrenos cedidos se encuentran los de la antigua cárcel de Fátima, en Córdoba, donde se levantarán 174 VPO.

Eso sí, hasta que llegue ese momento aún habrá que esperar algún año. De momento, el primer paso que dará Sepes tras la adscripción de estos suelos será actualizar el proyecto para la urbanización de unos terrenos cuyas obras Interior ya sacó a licitación, pero tras su adjudicación en febrero de 2024 a la constructora cordobesa Jícar por 2,3 millones de euros, el proceso quedó anulado por precios desactualizados que hacían inviable el proyecto. Los plazos anteriores fijaban en 12 meses la ejecución de esta fase.

De todas formas, queda por ver cómo afectan estos cambios al proyecto en sí. En su momento, según se anunció, estaba prevista la construcción de 236 viviendas, en concreto 164 en régimen libre y 72 de protección oficial, junto con 159 plazas de aparcamiento en superficie y 262 en el interior de los edificios residenciales. Ahora el Gobierno cifra en 174 las viviendas protegidas que se levantarán en una superficie de 3.634 metros cuadrados, destinadas tanto a alquiler como a compra, en ambos casos a precios "asequibles".

Los ocho terrenos que ahora pasan a Sepes se encuentran repartidos a lo largo y ancho del territorio español. Además de los de la antigua cárcel de Fátima, entran en este paquete también los terrenos de la cárcel de Carabanchel (Madrid), la cárcel de la Ranilla (Sevilla), las antiguas “casas de los ferroviarios” en Dénia (Alicante), la cárcel provincial de Huesca, la cárcel de Torrero (Zaragoza), la cárcel de Segovia y la cárcel de Briviesca (Burgos).

“Son espacios que se encuentran situados en muchos casos en el centro de las ciudades, con lo que estas actuaciones contribuirán a la regeneración urbana de estos territorios y aplicarán una perspectiva de cohesión social y territorial a toda nuestra acción pública”, ha reivindicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha subrayado que esto refuerza el compromiso de “poner todos los recursos públicos al servicio del derecho a la vivienda”.

“Hablamos de parcelas por valor de 78 millones de euros para responder a la necesidad urgente de incrementar el parque público de vivienda”, ha destacado Rodríguez; una actuación que impulsará el objetivo del Gobierno de “tener cuanto antes un sistema público de vivienda que proteja y asegure un techo” para todos los españoles. La titular de Vivienda ha detallado que se trata de unos terrenos que “pasarán a albergar los proyectos de vida de 1.332 familias”, al tiempo que permitirán “resignificar de la forma más digna posible aquellos espacios que en otro tiempo se pusieron al servicio de la represión y la privación de libertad”. En este sentido, ha destacado: “Donde ayer había celdas, mañana habrá hogares”.

Para la gestión de esas infraestructuras y terrenos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde asimismo a una transferencia de 260 millones de euros a Sepes para el desarrollo del Plan de Vivienda Asequible, que es el marco donde se desarrollarán, entre otros, los ocho terrenos de los que ha dado cuenta la ministra.