Los empleados de Locsa rechazan en referéndum el plan social de la empresa

Todo sigue igual. La intención de una parte de los empleados de Locsa para aceptar el plan social de la empresa y su cierre definitivo ha fracasado. La plantilla celebró ayer un referéndum convocado por los representantes de UGT para decidir si se sumaban a esta opción con el siguiente resultado: 39 votos a favor, tres en contra y 63 abstenciones. La propuesta, por tanto, no ha contado con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, que han decidido dejar las cosas como están. La situación, no obstante, sigue siendo complicada, pues la actividad se ha parado por completo y los empleados acuden a su puesto de trabajo pero no lo pueden desempeñar. Además, no cobran la nómina desde junio y la intención de los directivos de KME es la de liquidar la planta cordobesa la semana que viene. En este sentido, desde UGT apuntaron que si finalmente se cierra la empresa sin haber aceptado el plan social "habrá que pedir responsabilidades al comité".

Parece, por tanto, que la buena relación inicial entre los sindicatos ha llegado a su fin y sus versiones son opuestas. Por un lado UGT ha lanzado la propuesta de aceptar las condiciones de la empresa viendo que están en un callejón sin salida, pero CCOO sigue apostando por agotar todas las vías para evitar el cierre de la factoría del metal. Desde la empresa, por otra parte, ya han dado por cerrada la negociación y lo único que ofrecen es ese plan de incentivos propuesto hace unas semanas como última opción. En el documento se establece unas indemnizaciones por despido de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 meses y un plus de 500 euros por año de labor. También se incluyen prejubilaciones desde los 52 años de edad, equivalente a una indemnización media de casi 60 días por año si se considera también a los trabajadores de menos de cuatro años de antigüedad, algunos de los cuales se llevarían hasta 270 días por año de indemnización". Además, los jóvenes recibirán indemnizaciones de 10.000, 20.000 y 30.000 euros si tienen una antigüedad inferior a dos años, entre dos y cuatro o más de cuatro años, respectivamente.

La plantilla, por el momento mantiene dos litigios con la empresa, una por supuestas calumnias del director general de KME, Andrés Barallobre, y otra para pedir el embargo cautelar de la industria. Parece que la semana que viene será la definitiva para conocer lo que se pasará con la fábrica.