Un informe realizado por el Consejo Económico Social de Huelva sobre las estimaciones de los niveles de economía sumergida para las provincias andaluzas señala que en Córdoba se alcanza un 23,9% sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Estos niveles se encuentran por encima del porcentaje que muestra la media andaluza, que en el mismo informe se sitúa en el 22,1%. Dicho estudio muestra la evolución de la economía sumergida desde 1992, evidenciando el incremento que ha sufrido esta práctica tanto a nivel cordobés como andaluz.

No obstante, se trata de estimaciones, ya que como señala el secretario de Salud Laboral, Acción Sindical y Medio Ambiente de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, “no hay datos específicos, sólo aproximaciones que a veces se quedan por debajo de la realidad”. Sarmiento añade que “es evidente que hay economía sumergida en Córdoba si se atiende a los datos que presenta la ciudad”. En concreto, el representante del sindicato apunta que “somos de las provincias con mayor indice de paro y de las que están a la cola en la calidad de salario. Sin embargo, estamos entre las 17 con mayor poder adquisitivo”. Por lo tanto, para Sarmiento esta cifra “puede superar el 30%, no es seguro, pero tenemos certeza de que puede ser tan elevado”.

“Entendemos esta práctica como una herramienta de competencia desleal que se usa para abaratar costes, pero que influye negativamente en la negociación de convenios y en la calidad del empleo en la provincia”, prosigue. Además, señala que “quien más realiza esta práctica es el sector empresarial, no todos, pero entendemos que son quienes más se aprovechan de que la gente tiene que sobrevivir”.

Dentro de los sectores entre los que pueden encontrar trabajadores sin contrato, Sarmiento destaca “el sector de la platería, de la madera y, por supuesto, de la construcción y la hostelería”. Al respecto, recuerda que dentro de esta práctica también se incluye “no sólo a los que trabajan sin contrato sin estar asegurados, sino también a quienes trabajan más horas de lo que se estableció en su acuerdo”. Por ello, destaca el efecto positivo de herramientas como el registro horario, aunque considera que “no están apretando suficientemente aún”.

Córdoba se sitúa como la tercera provincia andaluza con la tasa más elevada de economía sumergida, por detrás de Huelva (26,7%) y Cádiz (26,5%) y al mismo nivel que Jaén. Almería es la provincia con menor porcentaje (17,5%), sin haber superado nunca el 22,3% que alcanzó en 2009.

Los registros de Córdoba reflejan que en 1992 se encontraba en una situación que dejaba un 4,3% de economía sumergida, frente a los 11,2 de Andalucía. Aunque se observa un aumento paulatino de estos valores, destacan tres momentos en los que los porcentajes se disparan. En el año 1998 se produce un incremento del 10% con respecto al curso anterior, alcanzando el 18,4%. De igual modo, en 2008 se pasa de un 10,5% (2007) al 20%, el mayor aumento registrado y que se debe fundamentalmente al inicio de la crisis.

Del mismo modo, en 2009 se incrementó hasta el 26,2%, y en 2010 se supera la media autonómica con un 26,3% (frente al 25,9%). Desde entonces, los valores no han superado el umbral de 2010, oscilando entre el actual 23,6% y el 25,1% de 2012.

Desde UGT también se han realizado algunas propuestas con la finalidad de combatir esta actividad, aunque con poco éxito debido a la participación de las empresas. En concreto, UGT Córdoba lanzó una iniciativa en la que “a través de las comisiones paritarias de cada sector, compuestas por empresarios y sindicatos, se establecen mecanismos que permiten que la denuncia de un trabajador se tramite a nombre de la comisión paritaria y además tenga una prioridad preferente”. No obstante, no se han obtenido resultados, porque “sólo algunos sectores han estado de acuerdo con la fórmula”.

Aun así, Sarmiento aclara que desde los sindicatos “vamos a continuar buscando la legalidad y negociando con los colectivos, porque defendemos a los trabajadores, pero también buscamos lo mejor para la sociedad”. Por lo tanto, hace hincapié en que “hay que recortar y acabar con el fraude a través de propuestas a las empresas”, ya que la economía sumergida “a la larga evita contrataciones, y quien tiene trabajo lo consigue disfrazado de legal”.

En este sentido, apunta que “hay gente que se queja de las contrataciones a inmigrantes, pero la culpa es de quien los contrata sólo por ahorrarse dinero”.

Se define como economía sumergida al conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan al control de la Administración y de las estadísticas oficiales. Se encuentra pues fuera de la legalidad fiscal, laboral y de la Seguridad Social. Generalmente este tipo de actividades económicas se realizan en acciones ilícitas y en el ámbito del trabajo individual.