Una macro operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa. En Córdoba, según informaron ayer fuentes policiales, se ha procedido a la detención de ocho de las 164 personas que formaban la trama en toda España, después de realizar dos registros en negocios instalados en el Parque Joyero. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de los arrestados ni el nombre de los negocios, ya que la operación se encuentra bajo secreto de sumario. La intervención policial se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de algunas empresas de este sector, que en algunos casos pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012.

En total se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16.000.000 de euros. El entramado, formado por 180 empresas, aprovechó el auge en la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, fraudes inmobiliarios e incluso el narcotráfico. El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos. Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, Manuel Cabrera, destacaron ayer durante una comparecencia que este operativo "sin precedentes" se desarrollado en distintas provincias españolas, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana, donde se encontraba el "cabecilla" de la trama. Cosidó detalló que esta operación es la más importante desarrollada hasta la fecha desde que en marzo de 2012 se pusiera en marcha el Plan Oro con el objetivo de vigilar la actividad de las empresas de compraventa de este metal. Entre los objetos incautados se encuentran lingotes de oro y plata, diversas joyas, relojes, material para la fundición y dinero en efectivo.

El director general de la Policía recalcó que la delincuencia económica "es un objetivo estratégico" de este cuerpo, dado que tiene una "enorme relevancia". De hecho, recordó que en 2013 se han llevado a cabo casi 500 operaciones contra el blanqueo de capitales. "Seguiremos trabajando", incidió Cosidó, quien resaltó la contribución de este tipo de operaciones para que la economía "vaya mejor" y que "quienes pagamos impuestos no nos veamos afectados por quienes hacen trampas".

Según el delegado de la Agencia Tributaria, la operación se puso en marcha al detectar un aumento de la facturación de algunas empresas del sector y el uso de billetes de alta denominación. Además, se detectó un incremento de las devoluciones tributarias, la "gran mayoría" en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, aunque también en provincias como Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.

En la base de esta red piramidal se encontraban casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que, según la Policía, compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas. Por encima de estos establecimientos se situaban empresas mayoristas y fundidoras, que recibían el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero. Este flujo era adquirido y vendido con registros y contabilidades paralelas, incluyendo también en él piezas robadas, que de este modo eran introducidas en el circuito legal.

De forma paralela, y como auxiliares, seis grupos societarios se encargaban de emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese fin. Sólo en el ejercicio fiscal 2012 los investigadores han detectado un volumen de facturas ficticias de 1.000 millones de euros. Esas facturas irregulares se ofrecían, asimismo, a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios y narcotráfico.