Un total de 69 personas han sido detenidas por pertenecer a organizaciones dedicadas a la regularización fraudulenta de migrantes provenientes de Asia mediante la falsificación de documentos como empadronamiento o contratos laborales. La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado las dos organizaciones con detenciones en hasta 14 provincias de España. Una de las personas ha sido detenida en Córdoba. 

Las organizaciones cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización. Además, pagaban entre 500 y 1.000 euros a gestorías y despachos de abogados por cada persona en la que colaborasen a gestionar su documentación para conseguir tarjetas de residencia fraudulentas. Así, los detenidos llegaron a beneficiar a más de 1.000 personas y recaudaron alrededor de cinco millones de euros. 

También se han realizado cinco diligencias dentro del registro en las que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

Un total de 35 de los detenidos habían sido integrantes de otras organizaciones desmanteladas anteriormente, en una primera fase en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (siete) y Palencia (uno). La segunda ha contado con 34 detenidos, en Madrid (18), Barcelona (tres), Palma de Mallorca (tres), Valencia (dos), Alicante (uno), Tarragona (uno), Sevilla (uno), Córdoba (uno), San Sebastián (uno), Coruña (uno), Logroño (uno) y Toledo (uno).

Los ciudadanos asiáticos simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados de larga duración, conocidos como tipo D. Una vez en el país, los miembros de la organización les aportaban la documentación falsa, contratos laborales y empadronamientos ficticios.

También enseñaban a sus clientes extranjeros técnicas que seguir en las entrevistas que debían realizar durante el proceso de solicitud de arraigo y hasta gestionaban matrimonios de conveniencia para que fuese más sencillo conseguir la residencia o nacionalidad.

Las dos organizaciones realizaban su actividad criminal de manera independiente, aunque colaboraban de forma esporádica. Se asentaban en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara aunque disponían de ramificaciones en otras ciudades de España. 

Hace un año, en 2023, las demoras para tramitar las solicitudes de asilo en Córdoba era de más de un año. Entidades que trabajan con migrantes ya han alertado de que existen sistemas informáticos que acaparan las citas y las revenden en el mercado negro.