La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene previsto abrir este próximo lunes 18 de mayo los centros educativos públicos para iniciar o reanudar el proceso de escolarización del curso 2020-2021. Sin embargo, el profesorado ha mostrado su rechazo a dicha apertura, alegando que supone poner en peligro a trabajadores y ciudadanía sin necesidad, teniendo en cuenta que el citado procedimiento puede realizarse de manera telemática.

La junta de personal docente no universitario de Córdoba ha calificado como "inoportuna" dicha reapertura y ha explicado que la mayor parte del proceso de escolarización está terminada. "Además, dicho procedimiento puede realizarse por medios telemáticos, sin necesidad de poner en riesgo la salud de las personas que acudan al centro educativo", han insistido desde esta junta de personal.

De la misma forma que se llevan a cabo las clases online, han apuntado desde la junta de personal docente de Córdoba, estos procesos administrativos también se pueden realizar por esta vía, "incluso con la ventaja de realizarlos a cualquier hora del día", han valorado.

El rechazo por parte de esta junta a la apertura para el próximo lunes se extiende también, han informado, a cualquier otra que pueda mantenerse una vez hayan finalizado los procesos de escolarización.

Medidas de prevención

Por otro lado, desde la junta de personal docente no universitario han rechazado también que las medidas de prevención recaigan sobre los equipos directivos de los centros educativos ya que dichos equipos, han resaltado, "no tienen por qué ser los responsables de tomar decisiones técnicas en el ámbito de la salud laboral, tal y como determinan las instrucciones". Al mismo tiempo, han recordado que estos trabajadores deberían, por lo tanto, compatibilizar sus labores docentes con este tipo de responsabilidades, lo que se traduciría en una "carga horaria" que redundaría aún más "en un sobreesfuerzo aún mayor para este personal".

Por lo tanto, esta junta entiende que por varias razones que la reapertura de los colegios e institutos "sin unas garantías de seguridad" para el personal supondría un riesgo. Con ello, han reiterado que es la administración educativa, es decir, la Consejería de Educación, la que debe proporcionar los equipos de protección individuales para todos sus trabajadores, así como las instrucciones de apertura de centros, la cual "rechazamos abiertamente" ya que "no garantiza en tal sentido ni la salud ni la seguridad de sus trabajadores".

Test para el personal

La junta de personal docente no universitario entiende, por lo tanto, que deben realizarse pruebas detectoras del covid-19 a todo el personal de estos centros. "Hasta que cualquier trabajador de un centro educativo no haya sido sometido a un test que ofrezca resultado negativo ante el covid-19, debe evitarse en cualquier caso su incorporación", han exigido, y han explicado que debe ser así para "garantizar su seguridad y salud, la del resto de personal de los centros y la de la propia ciudadanía".

Ni recogida de material ni apertura estival

Desde esta junta han mostrado su negativa también ante la posibilidad de que las familias acudan a los centros para recoger material. Esta posibilidad, han recordado, "no estaría encuadrada en el supuesto de apertura para labores administrativas que ahora se contempla".

Otro de los rechazos mostrados ha sido ante la posibilidad de que los colegios abran en verano para ofrecer a los estudiantes tareas de refuerzo. "La situación sanitaria vigente y en la ausencia de medidas de protección adecuadas", han detallado, suponen "una nueva razón para no apoyar la apertura de centros de cara al programa estival de refuerzo educativo".

Más "transparencia"

Dicho todo lo anterior, la junta de personal docente no universitario ha demandado a la Delegación de la Consejería de Educación en Córdoba "la debida transparencia y comunicación" para poder tener "conocimiento de cada medida que pueda afectar al personal docente y a las infraestructuras donde desempeñan su labor".

Han reiterado, para finalizar, la necesidad de una planificación "global y pública" que incluya la mejora en infraestructuras, equipos de protección y recursos humanos necesaria, así como que se dé cabida "a los legítimos representantes del profesorado".

Todo ello, han sentenciado, para que se prepare a los centros educativos "para evitar improvisaciones, riesgos y respuestas parciales ante la deseable vuelta a la enseñanza presencial de cara al próximo curso".