Educación

El 57% de las denuncias del profesorado en Córdoba se debe a problemas con el alumnado para dar clase

  • El informe anual del Defensor del Profesor de ANPE cifra en 18 las denuncias recogidas en el último curso

Alumnos en una clase de un centro educativo.

Alumnos en una clase de un centro educativo.

El informe anual del Defensor del Profesor del sindicato ANPE, relativo a la violencia sufrida por los docentes de la enseñanza pública, recoge que en Córdoba se han contabilizado hasta 18 denuncias por parte del profesorado a lo largo del curso 2020-2021. De todas ellas, las mayoritarias -el  57% del total- corresponden a problemas para dar clase.

Desde esta organización sindical han reconocido a el Día que "hemos notado un leve incremento en cuanto al requerimiento de los servicios del Defensor del Profesor" en este último balance. Y es que, a lo largo del curso 2019-2020, se registraron en Córdoba una docena de denuncias en este servicio, si bien hay que tener en cuenta que ese periodo lectivo estuvo marcado por el confinamiento dada la crisis sanitaria del coronavirus y la suspensión de clases presenciales en el último trimestre.

También han señalado que "los casos más significativos que podemos destacar son los relacionados con problemas para dar clase por actitudes diversas de los alumnos, falta de respeto hacia el docente, problemas con el equipo directivo y alguna con la Administración Educativa". Además, ha reconocido que son conocedores de que "hay más casos, pero el miedo a represalias, la apatía o el conformismo hacen que no se denuncien y queden en el olvido".

Con todo ello, el informe divide en tres apartados las denuncias. El primero de ellos son los problemas relacionadas con el alumnado y, en el caso de la provincia de Córdoba, se han contabilizado una decena de casos, lo que supone el citado 57% del total. De todas ellas, cinco casos son problemas que el profesor ha denunciado a la hora de dar clases, mientras que tres se corresponden a faltas de respeto hacia el docente y las dos restantes casos de amenaza. 

El segundo apartado de estas denuncias que llegan hasta el Defensor del Profesor de ANPE están vinculadas con las familias y, a lo largo del año pasado se registraron tres casos, es decir, el 15% del total. En concreto, una se corresponde a un caso de acoso de las familias al docente, otra a escritos de denuncia ante la Administración y la tercera y última un caso de presión al profesorado para modificar las calificaciones de un alumno.

El equipo directivo y la administración forman parte del tercer y último apartado de las denuncias que han sumado cinco, lo que representa el 28% del total. Según la información facilitada por esta organización sindical, uno de los casos se ha centrado en cuestionar las decisiones del profesor, mientras que dos de ellas se vincula con la situación médica del docente cuestionada por la Administración, mientras que las dos restantes son sendos casos de casos por parte del equipo directivo al docente. 

Con estos datos, desde ANPE han reivindicado mayor presencia de orientadores en los centros, y que haya uno, al menos, en los colegios. Otra de las demandas que han planteado es la de aumentar el número de los orientadores que ya se encuentran en los institutos, además de más equipos de orientación educativa especializados en conducta que puedan atender la demanda que les llega.

En toda Andalucía, el sindicato atendió el pasado curso 164 casos, de los que el 10% fueron de ciberacaso. Y es que, conforme a la tendencia de años anteriores, crecen los casos de difusión en redes de videos grabados a docentes sin permiso mientras imparten clases de forma presencial o a distancia. Las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia han contribuido a ello por el mayor peso de la enseñanza online.

Al detalle, de esos 164 casos, un 3% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a Primaria, un 46% a Secundaria, un 4% a Ciclos Formativos, un 3% a la Formación Profesional, un 2% a la Educación de Adultos y un 3% a las Enseñanzas de Régimen Especial.

ANPE puso en marcha este servicio en 2005, desde el que presta apoyo psicológico y jurídico, además de atención de carácter administrativa. Entre otros consejos, el sindicato expone que si el profesor tiene problemas con las familias no tienen que atenderlos en solitario e insiste en que en este tipo de casos el docente acuda al encuentro acompañado por algún compañero.

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