El Ayuntamiento de Córdoba se ha visto obligado a paralizar un acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se adjudicaba el contrato del servicio de la ayuda a domicilio en la ciudad. La razón, que una de las empresas que concurrió a la licitación (Clece) ha interpuesto una demanda en el Contencioso-Administrativo al entender que en el procedimiento no se respetó la confidencialidad de los participantes, entre otras cosas.

A finales del mes de noviembre, el Ayuntamiento de Córdoba encargó por casi 37 millones de euros el servicio de ayuda a domicilio, lo que supone el mayor contrato de cuantos se gestionan en Capitulares. Dividido en dos lotes, las empresas adjudicatarias fueron Claros y Eulen Servicios Sociosanitarios. A la primera se le adjudicó el lote con mayor valor (más de 36 millones), el que conlleva la prestación de la atención personal de los usuarios; mientras que a Eulen se le asignó el segundo lote, de 671.000 euros, para el "cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia", según reza el propio pliego.

Sin embargo, ahora nada de eso vale. Y es que Clece, que también concurría a la licitación, ha interpuesto una demanda por considerar que existen "dos defectos insubsanables" en el proceso. Según esta empresa, adjudicataria en su día del servicio, esos defectos "conllevan la exclusión automática de dicha entidad" (en referencia a Claros) "al haber incluido (...) datos relativos a los criterios de adjudicación automáticos, que permite conocer de manera anticipada aspectos evaluables automáticamente, comprometiéndose así la objetividad del proceso de valoración de las ofertas y vulnerándose los principios y garantías esenciales de la contratación pública".

De momento, el Ayuntamiento ya ha retirado de la Plataforma de Contratación los informes que puedan contener información confidencial de los licitadores. Además, la interposición del recurso ha llevado al concejal delegado de Gestión del Ayuntamiento, Antonio Álvarez, a emitir un decreto de aplazamiento de la adjudicación. En dicho decreto hace referencia a la demanda interpuesta ante el Contencioso-Administrativo, que incluye una solicitud, como medida cautelar, para suspender el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. En concreto, ese acuerdo levantaba la confidencialidad de las ofertas presentadas para gestionar la ayuda a domicilio. Ahora, el Ayuntamiento decide no dar vista del expediente hasta que el juzgado resuelva esa medida cautelar y hasta que la Junta de Gobierno Local decida qué hacer cuando tenga dicha determinación judicial.

El contrato

Prorrogado desde el año 2019, el contrato afecta a un servicio que supone la atención a más de 1.500 personas en la ciudad y que está valorado en casi 37 millones de euros. Causante de numerosos quebraderos de cabeza a prácticamente todos los gobiernos municipales que han pasado por Capitulares, en el actual mandato, de PP y Cs, se había conseguido adjudicar poco antes de que venciera la citada prórroga.

Finalmente se había llegado a un acuerdo en el que el precio de la hora se fijó en 13,98 euros en cuanto a la prestación de la atención personal a los usuarios.

Claros, adjudicataria en el aire, debía hacerse cargo de las actividades dirigidas al apoyo en la higiene personal de los usuarios. Estas actuaciones están relacionadas con la higiene personal, como el aseo, y también con la alimentación, además de estar vinculadas con la movilidad de los usuarios. Mientras tanto, a Eulen Servicios Sociosanitarios se le encomendó el cuidado del domicilio y el apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia. La preparación de alimentos en el domicilio, el lavado de ropa, la limpieza de la vivienda o la retirada de la basura son algunas de las labores fijadas en este caso y con precio de la hora de 14,02 euros.

Habrá que esperar, por lo tanto, a conocer las decisiones que va adoptando el juzgado, lo que supone un retraso en la correcta normalización del servicio. En cualquier caso, una vez salga adelante de manera definitiva, el contrato tendrá una vigencia de dos años con la posibilidad de prorrogarlo otros dos.