Mayo de 2022. Decenas de guardias civiles se sincronizan para intervenir simultáneamente en cuatro espacios recónditos del Norte de Córdoba. Algunos de ellos son de tan difícil acceso que a los agentes no les queda más remedio que descolgarse para llegar hasta su destino. La operación es un éxito: con ella cae una organización dedicada al cultivo de marihuana en el exterior, cuatro plantaciones outdoor con 6.100 plantas cuidadas por un grupo de extranjeros en pésimas condiciones de residencia y trabajo. Son un ejemplo de los llamados cultivos de guerrilla, realizados en la naturaleza para aprovechar las mejores condiciones para el crecimiento de la cannabis sativa. La planta que se ha vuelto omnipresente en España hasta convertirla en la gran exportadora de marihuana en Europa.

La operación Sierra Verde, excepcional por sus características y desarrollo (requirió de un helicóptero y una lancha para poder extraer la droga), es solo una de las muchas que Guardia Civil y Policía Nacional han realizado en la provincia en los últimos años para hacer frente a la expansión del cultivo de marihuana, que crece año tras año. Esta se ha convertido en uno de los objetivos principales de la lucha contra el tráfico de drogas: prácticamente la mitad de los detenidos en España por este delito en 2021 lo fueron por tráfico de esta sustancia. En Andalucía, entre 2016 y 2021 se multiplicaron por 14 las incautaciones de esta droga, hasta llegar a las 70 toneladas. Y Córdoba no es inmune a esta plaga: solo la Guardia Civil ha intervenido en los últimos seis años 500 plantaciones de marihuana, 120.000 plantas (13.000 el pasado año). En el caso de la Policía Nacional, en una de las últimas operaciones se incautaron 2.500 plantas en Lucena. Aunque estas cifras todavía quedan lejos de las cantidades de Granada o Almería.

Tras los datos de crecimiento, apuntan los expertos, están las bajas penas para el cultivo y sus delitos anexos. Las plantaciones llevan implícitas en la mayoría de las ocasiones un enganche ilegal a la red eléctrica y, a veces, la ocupación ilícita de inmuebles o parcelas. Pero como explica el jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, Alfredo Lorenzo Lasheras, son delitos “de baja penalidad y alta rentabilidad”. La condena recogida en el Código Penal para el cultivo, elaboración o tráfico es de 1 a 3 años de prisión y una multa del doble del valor de la droga incautada (al considerar que no causa daño grave a la salud), aunque las penas se endurecen si se le añade la pertenencia a organización criminal o para los jefes de las mafias de la droga. El delito de defraudación del fluido eléctrico se castiga en España con multas de tres a doce meses, y si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, la multa es de uno a tres meses. Y recientemente la Fiscalía de Sevilla reclamaba que se endureciesen las penas por usurpación de vivienda en los casos de plantaciones indoor. La suma de todo ello conlleva que “se haya convertido en una forma fácil de ganar dinero”.

Incautaciones en España por provincias. Fuente: Ministerio del Interior

Y en un reto para los cuerpos de seguridad. “Históricos del tráfico de drogas se están pasando al cultivo de marihuana”, explica el jefe de la Unidad de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Córdoba. Pero a ellos se puede sumar casi cualquiera, puesto que acceder a las semillas y los materiales para el cultivo es fácil. Y las plantaciones pueden surgir en cualquier sitio: parcelas, naves, viviendas o en los lugares más escondidos de la naturaleza cordobesa, con especial incidencia en el Norte de la provincia. Hay incluso quien alquila garajes para ello. O también ocupa viviendas de protección oficial. Un par de dormitorios con plantas y suministro eléctrico gratis pueden dar un rendimiento de entre 20.000 y 30.000 euros cada tres o cuatro meses.

El auge de los cultivos, en este caso indoor, también se detecta fácilmente en otro dato: Endesa abrió en el último año 2.087 expedientes de fraude en la provincia de Córdoba. Y de los 14,5 millones de kilovatios hora defraudados, 1,3 millones se encuentran vinculados a las plantaciones de marihuana. Afortunadamente, en Córdoba aún no se están dando los problemas que sí ocurren en otras provincias de Andalucía, donde el fraude eléctrico ligado a los cultivos está provocando continuos cortes de luz en algunas barriadas.

Esa facilidad para cultivar explica en buena medida el impulso que la marihuana está viviendo, aunque no solo. La presión policial sobre el tráfico de hachís, droga que sí se trae desde Marruecos, provoca también que esta variedad del cannabis se haya hecho más atractiva. Según los datos del Ministerio del Interior, el gramo de hachís se vende a 6,36 euros, mientras que el de maría está a 5,93. Un precio muy cercano en el que las organizaciones del narcotráfico se ahorran el coste y el riesgo del transporte del hachís a través del Estrecho de Gibraltar.

En ese contexto, los equipos de seguridad ciudadana llevan tiempo detectando más marihuana que otras drogas en la calle. Y frente a la sensación de escaso daño que provoca, los cuerpos de seguridad alertan de que ese daño está ahí y cada vez es mayor. “El THC (el componente psicoactivo del cannabis) de un cigarrillo actual es mucho mayor que el de antes”, explica Alfredo Lorenzo, porque las plantas están tratadas para incrementar su rendimiento. En ello insiste el jefe de la Unidad de Estupefacientes: “La ciudadanía muchas veces no se da cuenta de los efectos que tiene en la salud mental”.

Frente a ello, son muchas las operaciones que se han desarrollado en los últimos años, en las que se han incautado miles de kilos de cogollos, aparatos relacionados con la plantación (extractores, ventiladores, aires acondicionados) o bienes adquiridos con la venta de la droga.

No solo marihuana

Aunque la marihuana gana protagonismo en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia, el resto siguen presentes. La puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, la zona más azotada por el narcotráfico por su ubicación geográfica y por albergar el mayor puerto del país (Algeciras), tuvo un efecto dispersión: las redes del narco se expandieron o reforzaron en otras provincias. Y la presión policial también, hasta el punto de que el Plan Especial se amplió a Córdoba, lo que ha llevado a un aumento de las incautaciones.

En los últimos años ha habido algunas operaciones llamativas en la provincia. Entre las últimas, una conjunta entre la Policía y la Guardia Civil, denominada Califa Trucks, que desarticuló una organización de tráfico de hachís asentada en la capital e incautó 22 toneladas de droga camufladas como falsos tomates, con un valor de hasta 45 millones de euros. Se trataba de una organización fuertemente jerarquizada, con lugartenientes al cargo de la logística, transporte o seguridad. Las redes del narco han adoptado una estructura prácticamente empresarial, remarca el jefe de la Policía Judicial, en la que “incluso se contratan servicios de forma externa, con lo cual hay muchas dificultades para desarticular las organizaciones al completo”. En cuanto a la forma de mover la droga, se han detectado camuflajes de todo tipo, incluido el envío de marihuana como supuesta ayuda humanitaria a Ucrania.

De la ampliación de la actividad del narcotráfico dan fe otras operaciones. La Guardia Civil detectó en Lucena un almacén de narcolanchas, las embarcaciones neumáticas de 12 metros de eslora utilizadas para el transporte del hachís a través del Estrecho. Y la Policía Nacional encontró un trastero dedicado a almacenar disolventes para la fabricación de cocaína en un laboratorio clandestino en Madrid, instalado con la configuración de los existentes en la selva amazónica.

No obstante, esa no es la actividad habitual. Córdoba no es un lugar para el asentamiento de las grandes organizaciones del narcotráfico, que tienen sus cuarteles en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Queda como lugar de apoyo logístico o de paso. Como explican desde la Policía Nacional, “hay pocas organizaciones y se mueve droga, pero no hay alarma social”. Sí se desmantelan con frecuencia puntos de venta en barriadas y hay incautaciones por los equipos de seguridad ciudadana. No solo de hachís y marihuana, sino también de cocaína; la Policía suma varias de más de un kilo intervenido a la persona que lo llevaba a un punto de venta. Y de heroína, en la que “ha habido un repunte”, señala Lorenzo, ahora para consumirla mezclada e inhalada.

También se detectan drogas sintéticas en la provincia, incluso “hemos desmantelado algún laboratorio casero, en la cocina de una vivienda”. El caso de las drogas sintéticas caseras añade un plus de riesgo al consumo, “porque no tenemos ni idea de qué pueden estar usando para fabricar las sustancias”. En este apartado, la cocaína rosa (que pese al nombre no es cocaína) tiene aún escasa presencia en Córdoba, apuntan los cuerpos de seguridad. Y algo podría tener que ver su elevado precio, que duplica al de la droga que le da nombre. En total, solo la Guardia Civil intervino en la provincia en 2022 más de 7,5 toneladas de droga (no marihuana).

Las intervenciones son de lo más variado. Hay operaciones que duran 4 o 5 meses, “otras se alargan a dos años”, explica el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional. Y comienzan de formas muy distintas: una denuncia, un aviso, la detención casual de uno de los camellos de una red. “Hay operaciones que han empezado con un cogollo y han acabado en un laboratorio de cocaína”, detalla. Tras ese punto de partida llega un intenso trabajo de investigación y seguimiento, recopilación de información y, en muchos casos, paciencia para esperar la llegada de un cargamento que permita involucrar a los jefes de la organización. Un trabajo que “implica a los compañeros de todas las unidades” y que tiene su punto culminante en la fase de explotación, cuando se producen los registros y detenciones. En ella, una nueva prioridad: “Que cuando entramos sepan que somos nosotros, que no piensen que es un robo de otros narcotraficantes” (un vuelco en el argot narco), porque este tipo de robos entre bandas han aumentado la violencia de sus integrantes.

Esas investigaciones cada vez cuentan con más apoyo del trabajo de datos, explica el jefe de la Policía Judicial. “Al final trabajamos con una gran base de datos en la que se vuelca todo, desde la denuncia de un vecino a la información de las patrullas de Seguridad Ciudadana, datos que después evalúan los analistas. Es un sistema que es puntero”, destaca. En muchas ocasiones, para nutrir ese sistema de información es imprescindible la colaboración ciudadana. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil disponen de formularios de comunicaciones anónimas para que los ciudadanos comuniquen posibles hechos delictivos a los cuerpos de seguridad.

Tras el trabajo contra el narcotráfico también hay otro tipo de colaboración: la de los agentes de las distintas unidades y entre los dos cuerpos de seguridad de la provincia. En la Unidad de Estupefacientes “acabamos siendo un grupo de amigos que trabajamos juntos, porque son muchísimas horas y días sin tener en cuenta horarios ni días de la semana”, explica su jefe. “El ritmo lo marcan los narcotraficantes” y eso puede significar que uno no vuelva esa noche a su casa o que acabe, ejemplo real, en Cambados sin esperarlo. Pero también hay una estrecha colaboración con la Guardia Civil, remarca. “Hay bastantes operaciones conjuntas y una gran coordinación entre las unidades, como se vio en la operación Califa Trucks. Al final, duplicas recursos y así da gusto trabajar”.