CSIF se concentra en la cárcel de Córdoba ante el aumento de las agresiones a los funcionarios

Córdoba/El sindicato CSIF Córdoba se ha concentrado este martes a la entrada de la cárcel de Alcolea para mostrar la preocupación de la plantilla del centro penitenciario por el incremento de los incidentes violentos que han tenido lugar en el centro durante las últimas semanas. Debido a estos incidentes, se ha solicitado la celebración con carácter extraordinario y de urgencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral donde se exigirán, entre otras cosas, las responsabilidades que se estimen oportunas por estos hechos. El último de ellos ocurrió el pasado sábado cuando varios funcionarios resultaron heridos de diversa consideración tras ser golpeados por dos internos.

La central sindical ha destacado que ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en las se están demandando medidas para promover una mejora de la seguridad en la prisión tras el aumento de las agresiones a funcionarios, incluyendo el reconocimiento como agentes de la autoridad de todo el personal penitenciario e incluir los principios de veracidad e indemnidad, además de ofrecer la cobertura jurídica necesaria.

Otras reivindicaciones son la concesión de más recursos materiales y humanos, una relación de puestos de trabajo (RPT) completa en todos los centros penitenciarios, la actualización de los medios coercitivos acordes a la realidad actual, la implementación de los dispositivos Taser para situaciones controladas y excepcionales y de forma totalmente regulada, la existencia de apoyo psicológico al trabajador agredido, así como la elaboración de una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.

CSIF también ha reclamado "una correcta clasificación de los internos", que se refuerce la participación de los delegados de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones y que se facilite a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de Prevención y Respuesta ante Conductas Agresivas. El sindicato ha reivindicado, una vez más, la actualización de la catalogación de las infracciones disciplinarias cometidas por la población reclusa que data de 1981.

En último lugar ha demandado una solución a la Sanidad Penitenciaria, cuyas competencias deberían transferirse a las comunidades autónomas. "El mayor problema es la falta de médicos, al no cubrirse las plazas ofertadas, además de que el personal de enfermería está realizando funciones que no les corresponden", ha asegurado.