Apenas queda un mes para que de comienzo el proceso de escolarización del curso 2022-2023 y la Consejería de Educación va a mantener el baremo de adjudicación de plazas. Es el anuncio que ha hecho el titular del ramo, Javier Imbroda, durante la inauguración del nuevo instituto de Miralbaida de Córdoba, donde ha señalado que no habrá cambios respecto al baremo.

"Va a seguir tal cual. No hay ningún cambio y el decreto continua en vigor. No cambia y sigue en marcha como siempre", ha destacado, si bien, ha reconocido que aún es pronto para conocer el número de plazas que se ofertarán para el próximo curso.

Para el actual curso, la Delegación de Educación en Córdoba redujo en 325 las plazas de nuevo ingreso para niños de tres años. En total, el departamento que dirige Inmaculada Troncoso ofertó 8.875 puestos, frente a los 9.200 que se habilitaron para el anterior, pero que no se cubrieron -la diferencia fue de 2.000 plazas libres- por la bajada de la natalidad. 

Un hecho que se repitió también el año pasado, cuando la baja natalidad provocó de nuevo que en la provincia se quedaran sin cubrir miles de plazas de Infantil de tres años. La Consejería de Educación había ofertado los citados 8.875 puestos de nuevo ingreso en centros públicos y concertados, de los que solo se cubrieron 5.874, lo que significa que se quedaron 3.001 vacantes. Esto significa que casi un 34% de las plazas quedaron libres.

En el proceso de escolarización, que dará comienzo el próximo 1 de marzo, participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

El anuncio hecho por Imbroda hace que se mantengan los criterios de admisión del año pasado, que introdujeron algunos cambios debido a la entrada en vigor de la Lomloe. 

Por tanto y, siguiendo sus declaraciones cuando no haya plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, seguirán vigentes varios criterios. Entre ellos, como el que alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. La puntuación por existencia de hermanos en el centro, sigue en 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, los mismos que por proximidad al domicilio familiar.

Dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, un criterio que se puso en marcha el año pasado.

Asimismo, se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

El consejo escolar de los centros públicos, además, seguirá teniendo la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, que antes correspondía al director del colegio o instituto.

Además, se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo.