Los primeros expedientes de los consejos de guerra de la represión franquista en la provincia de Córdoba estarán accesibles a través de internet en un año, tras la próxima creación de la Cátedra de Memoria Histórica Universidad-Diputación de Córdoba.

La institución provincial ha elegido este camino para afrontar el ímprobo trabajo de analizar, catalogar y escanear el fondo cordobés del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, "uno de los proyectos estrella" de la Delegación de Memoria Histórica, creada en este mandato, cuyo responsable, Ramón Hernández Lucena (IU), tiene como uno de sus objetivos "personales".

Hernández, ha anunciado que la Diputación ha decidido incluir los cerca de 250.000 euros que va a destinar en este mandato al proyecto en la Cátedra y unificar todos los trabajos sobre la memoria histórica en el ámbito universitario, con la aspiración de "poner a disposición de la ciudadanía todos los datos" antes de que expire el mandato, en 2023.

La institución abandona de este modo la vía de acudir a una empresa privada especializada en este tipo de trabajo y encargará a la institución académica tanto el trabajo de campo en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, como su catalogación, así como la herramienta informática para la consulta pública mediante internet a través de un certificado digital.

En el archivo militar judicial podría haber unos 14.000 legajos referentes a la provincia

Para ello, dispone este ejercicio de 80.000 euros en su presupuesto y el reto autoimpuesto de acabar el mandato con la tarea hecha dependerá "si lo iniciamos este año, porque haremos un esfuerzo económico el próximo año", según Ramón Hernández.

Uno de los responsables del proyecto, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba Francisco Acosta, calcula que pueden ser 14.000 legajos los que haya referidos a la provincia en el archivo militar judicial sevillano.

"No sabemos exactamente la profundidad del archivo, no sabemos a ciencia cierta cuántos expedientes hay de Córdoba", afirma el docente, en un proceso de revisión documental que abarcará desde el inicio de los consejos de guerra tras el golpe militar de 1936 hasta bien avanzada la década de los 50.

Acosta tiene localizado al menos un documento de 1958, "porque hay que tener en cuenta que la justicia militar juzgó a los maquis", movimiento antifranquista que acabó en 1955, aunque en la década de los 50 "desciende muchísimo el volumen de información".

La tarea pasa por "barrer todo el archivo, caja por caja", debido a que "nunca se han abierto todas las cajas y, como está desordenado, hay que ir por caja por caja, hay que empezar en la caja uno y acabar por la última", en palabras del profesor Acosta.

La descripción de la información, con la informatización de los datos básicos de consulta, que se volcarán en internet "en cuanto tengamos un número de expedientes mínimos para implementar la base de datos", en un año desde el comienzo de los trabajos, según Francisco Acosta, dará "una geografía completa y cerrada de la represión" y desvelará una de las incógnitas que persisten, "la cifra exacta de represaliados" en la provincia de Córdoba por la justicia militar franquista, un dato que "conoceremos al final".

Consejo de guerra no es sinónimo de procesado y en algún expediente hay un centenar de personas implicadas, refiere Acosta. En Huelva, que tuvo una quinta parte de los procedimientos que se calculan en Córdoba y cuya Diputación ya digitalizó la documentación, aparecieron una media de más de dos personas encausadas por juicio.

Se conoce que "hay algunos expedientes o procedimientos que no son consejos de guerra, son de otro tipo, pero es un fondo pequeño y no muy interesante", pero sobre lo que se puede descubrir entre los miles de documentos "es imposible saberlo", en opinión del profesor Acosta.

De todas formas, señala que "en el marco de la investigación y de la aportación de pruebas sobre los consejos de guerra, a veces aparece alguna documentación que se incluyó en el expediente y que puede resultar más o menos llamativa o alguna novedad".

Antonio Barragán, catedrático ya jubilado de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, describe en El regreso de la memoria: control social y responsabilidades políticas. Córdoba 1936-1945 (El Páramo, 2009) que "la represión de procedencia militar sería aplicada de forma poco discriminada, intensa y en aplicación del Bando de Guerra, posteriormente, de manera mucho más sistemática, finalista y ordenada en el momento en el que comienzan a actuar los tribunales militares".