Educación

La concertada protesta en Córdoba contra la Ley Celaá en una multitudinaria manifestación

Manifestación rodada contra la Ley Celaá. Manifestación rodada contra la Ley Celaá.

Manifestación rodada contra la Ley Celaá. / Juan Ayala

Unos 2.500 vehículos han colapsado en la mañana de este domingo la ciudad de Córdoba en una manifestación orquestada por la educación concertada para protestar por la denominada Ley Celaá. Bajo el lema Stop ley Celaá y convocada por Más Plurales, han sido muchísimos los cordobeses los que se han echado a la calle en una manifestación rodada que ha partido desde la calle Ingeniero Juan de la Cierva, en la Torrecilla, para llegar hasta el Centro y volver de nuevo al punto de partida.

La gran participación en esta protesta, que se extiende en esta jornada dominical por toda España, ha permitido ver una imagen de colores naranjas, los colores de las banderas que coronaban los coches de los participantes y que es el color elegido por la concertada para clamar por su defensa.

La denominada Ley Celaá o Lomloe (Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) ya pasó este jueves por el Congreso y salió adelante con el apoyo de ERC, PNV y Más País. A pesar de haber contado con un amplio consenso en la cámara baja, la derecha la ha rechazado de forma tajante. Es más, al alcalde de Córdoba, José María Bellido, o al presidente de los populares cordobeses, Adolfo Molina, se les ha podido ver en la manifestación de esta mañana.

Participantes en la manifestación. Participantes en la manifestación.

Participantes en la manifestación. / Juan Ayala

Durante toda la semana, además, la educación concertada cordobesa ha organizado diversos actos de protesta, como el celebrado el pasado 18 de noviembre, cuando diversos centros guardaron dos minutos de silencio para protestar contra una ley que, aseguran, "va en contra de la libertad de elección de los ciudadanos". 

En el manifiesto leído en la manifestación de este domingo, desde la educación concertada han advertido que "no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza" porque entienden, han añadido, que con ello "nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia".

Estos centros han insistido en que la convivencia de la educación pública con la concertada y privada es posible por lo que critican que la Ley Celaá permite a las autoridades educativas "imponer la distribución del alumnado". Además, han criticado que se trata de una planificación "arbitraria" por parte de la Administración que se pone "por encima" de las "necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias".

Participantes. Participantes.

Participantes. / Juan Ayala

Dentro de sus reclamaciones, la concertada ha exigido al Gobierno una dotación "suficiente" de recursos para atender a los alumnos con discapacidad "tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial", toda vez que entienden que esta Lomloe "conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias".

En el ámbito laboral, las familias y centros de la concertada aseguran que la Ley Celaá "abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada" y de Educación Especial. Apuntan, en este sentido, que esto es así porque no se introduce "ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo".

La concertada entiende, por lo tanto, que con esta norma existe un "control político de la educación" y una "agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional". Sobre esto han recordado que la asignatura de Religión es "la opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada".

Carteles en un vehículo. Carteles en un vehículo.

Carteles en un vehículo. / Juan Ayala

Por todo ello, Más Plurales ha reclamado al Estado la "obligación" de financiar "adecuadamente" los centros educativos tanto públicos como concertados para "garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad".

De seguir adelante la tramitación, han advertido, no cejarán en su empeño de tumbarla por lo que, han anunciado, "instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma, solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible, recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social".

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