Los colegios de educación concertada de Córdoba se han manifestado con dos minutos de silencio y la lectura de un manifiesto en contra de la Ley Celaá que el Gobierno central prevé aprobar en las próximas semanas. Los centros de la provincia han realizado esta protesta en las inmediaciones de cada colegio al considerar que se trata de una ley que va "en contra de la libertad de elección de los ciudadanos". 

En la provincia de Córdoba, la enseñanza concertada representa a más de un centenar de centros, 2.800 trabajadores (docentes y no docentes) y a más de 25.000 familias.

Así lo ha expresado el presidente de las Escuelas Católicas de Córdoba, Antonio Guerra, que ha recordado que la medida no afectaría solo a los concertados sino a todos los centros, lo cual ha valorado como "una auténtica barbaridad" al tratarse de "recorte de libertad". Guerra ha recalcado las "prisas" del gobierno por sacar adelante la nueva ley de Educación, aunque ha apuntado que mantienen la esperanza al ser representantes de "un sector muy amplio". 

Además, ha apuntado que si se llevan a cabo las propuestas de la ley "quien pierde es la sociedad", ya que "son los padres quienes eligen esta educación y los centros demuestran su calidad diariamente". Guerra ha detallado que "la concertada ofrece un servicio que llega a todo el mundo", con lo que ha negado que se trate de centros "elitistas", pues llegan "a alumnado de todos los sectores".

En el manifiesto que se ha leído en los centros se ha denunciado que la propuesta del gobierno "inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial".

Familiares y representantes del colegio Santísima Trinidad Trinitarios.

Por ello, los centros piden "la protección y la continuidad de la pluralidad" del sistema educativo actual, al considerar que "la concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo". Con la Ley Celaá, en cambio, advierten "un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos".

El texto también apela a la obligación del Estado "de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos" para que prime "prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos". Asimismo, insiste en que la nueva ley supone "una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional".

La directora del colegio Divina Pastora, Adriana Jiménez, ha destacado que "la nueva ley atenta contra la demanda social" y suprime "el derecho a elegir la educación que nosotros queremos para nuestros hijos". En este sentido, ha matizado que "la asignatura de Religión que da como optativa y fuera del horario escolar para impartir una asignatura de valores", ante lo que ha manifestado que "deben ser los valores que nosotros queramos transmitir a nuestros hijos y no los que decida el político de turno".

Jiménez ha insistido en que "la concertada no tiene por qué ser subsidiaria de la pública, tienen que complementarse". Por ello, ha defendido "la libertad de las familias para escoger" en lugar de que "la administración decida donde debe ir cada alumno". Con ello se mantendría "la satisfacción de las familias" que recurren a la educación concertada y se evitaría "una decisión malísima".

Concentración en el colegio Maristas de Córdoba.

A su juicio, el Gobierno central "quiere agilizar todos los trámites" para que la ley pueda entrar en vigor "antes del periodo de solicitudes y matriculación". Esto evita "saber el número de alumnos y familias que podremos tener el próximo curso, ya que depende de los porcentajes que establezcan y no se tendrá en cuenta la elección de las familias".

Defensa de la educación especial

Otra de las críticas que ha lanzado la concertada es que la futura Ley Celaá también tendrá repercusión en los centros de educación especial . Antonio Guerra ha destacado que "el 40% de estos centros son concertados, se han preocupado poco de crear centros públicos específicos". En esta línea, ha indicado que "son totalmente necesarios", ya que "por mucho que se trate de llevar a cabo la inclusión, hay alumnos que necesitan esta atención especial".

A su vez ha manifestado que "en la concertada hay alumnos de educación especial porque tenemos aulas habilitadas y profesionales", mientras que los centros públicos aún deben pasar un proceso de adaptación.

Unidos en la Plataforma Más libres, más plurales, más iguales, los familiares y representantes de los centros de educación concertada están recogiendo firmas en contra de la ley a nivel nacional y europeo. Guerra ha afirmado que "somos fuertes y vamos por el millón y medio de firmas recogidas" en España y "80.000 a nivel europeo", con lo que confían que la ley sea modificada según sus peticiones.

La plataforma, además, ha convocado otra protesta que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre y que consistirá en una caravana de coches. La cita está prevista que de comienzo a las 11:00 en la calle Ingeniero Juan de la Cierva. Desde allí, la manifestación seguirá hasta la avenida de Cádiz, pasará por la plaza de Andalucía, el puente de San Rafael, la avenida del Corregidor, Vallellano, Paseo de la Victoria, para volver por la avenida República Argentina, Vallellano, la avenida de Cádiz hasta llegar a la calle Ingeniero Juan de la Cierva.