Educación

Los colegios de la concertada de Córdoba se suman a los dos minutos de silencio contra la ley Celaá

  • La protesta se realizará el 18 de noviembre de espaldas a la calle y será llevada a cabo por representantes de cada centro

Un profesor de un colegio concertado imparte clases en un aula. Un profesor de un colegio concertado imparte clases en un aula.

Un profesor de un colegio concertado imparte clases en un aula. / Juan Ayala

Los colegios concertados de Córdoba siguen con su rechazo a la futura ley educativa Lomloe que tramita el Gobierno central y el próximo 18 de noviembre han convocado que se guarden dos minutos de silencio a las 11:30 en la puerta de los centros educativos, de espaldas a la calle y guardando todas las medidas sanitarias y de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

En este caso, será una representación de la comunidad educativa de cada centro -familias, equipos directivos, profesores, alumnos y personal de administración y servicios- el que participe en esta acción, tras la que se leerá un manifiesto contra la reforma de la futura normativa de la enseñanza.

En la provincia de Córdoba, la enseñanza concertada representa a más de un centenar de centros, 2.800 trabajadores (docentes y no docentes) y a más de 25.000 familias. 

Esta convocatoria está auspiciada por Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, Feuso Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados, que se han sumado a la campaña nacional que bajo el eslogan de Más Plurales, Más libres y Más iguales pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.

Desde estas entidades han vuelto a criticar el proceso de tramitación de la considerada ya como Ley Celaá "tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido". Así, han recordado que su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico".

Para estas organizaciones, esta norma "aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar eldocumento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo". "Es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza", han añadido.

De nuevo, han recordado que la Lomloe "supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos".

En esta misma línea, han considerado que el Gobierno central "se inventa un derecho a la educación pública, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados".

Dentro de las críticas que han lanzado desde la concertada, también han anotado que la futura norma "en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondospúblicos". 

Además, han advertido de que la ley "arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene laconsecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor".

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