La educación concertada en Córdoba se ha unido para luchar contra la nueva reforma educativa del Gobierno central, que lidera la ministra de Educación, Isabel Celaá, y que ha generado numerosos rechazos desde su tramitación, entre otros, por la ausencia de la participación del profesorado en su desarrollo.

Por ello, Escuelas Católicas de Córdoba, CECE Córdoba, FSIE Córdoba, Feuso Córdoba, Concapa Andalucía, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma de Concertados, y que representan a más de un centenar de centros, 2.800 trabajadores (docentes y no docentes) y más de 25.000 familias en la provincia cordobesa, han acordado movilizarse en contra del proyecto de modificación de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe).

Así, estas entidades han explicado que se han unido dentro de la campaña nacional que, bajo el eslogan de Más Plurales, Más libres y Más iguales, pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma. Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la citada norma, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido.

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, ha mostrado su rechazo a la normativa, ya que "contraviene el artículo 27 de la Constitución, al no garantizar la libertad de elección de centros a las familias", según ha explicado a el Día. 

Además, ha alertado de que con la aplicación de esta normativa van a perder unidades, en favor de la educación pública "a pesar de la demanda que tenemos", ya que se elimina el concepto de demanda social. Esto significa, por ejemplo, que si un centro concertado tiene más solicitudes de plazas que uno público del mismo entorno, al segundo centro sí les ampliarían las aulas en detrimento de la concertada.  

Guerra, además, ha avanzado que han iniciado movilizaciones y recogida de firmas para frenar un proyecto de ley que consideran "sectario y excluyente" y que confían en alcanzar los 300.000 apoyos necesarios para presentar una iniciativa legislativa popular. 

Además, van a comenzar a colocar lazos naranjas en los centros educativos como señal de protesta y han pedido a la Junta de Andalucía que les secunden en su rechazo y que recurra la norma ante los tribunales si finalmente llega a aprobarse.

En plena pandemia

Todas estas organizaciones han recordado que la ley se está tramitando "en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico". Por la forma, han continuado, "esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad deconsenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo".

"Sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza", han subrayado. 

Así, según los representantes de la concertada, la Lomloe "supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

"Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un derecho a la educación pública, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados", han subrayado.

En la misma dirección, han continuado, la Lomloe, "en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos".

La asignatura de Religión es otro de los aspectos señalados por estas organizaciones, pues la norma la deja "sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres".