El concejal de Bienestar Social cree legítimo ocupar viviendas de bancos

El concejal de Bienestar Social en del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo (IU), consideró ayer que es "legítimo ocupar una vivienda que esté vacía siempre y cuando sea de una entidad financiera y no de un particular" y la situación de quien la ocupa sea extrema. Del Castillo realizó esta apreciación mientras apoyaba como concejal a las puertas de la Audiencia Provincial a Francisco Belmonte y Josefa Cañete, un matrimonio que iba a ser juzgado por ocupar una vivienda que es propiedad de Cajasur. "Es mi segundo día como responsable de la Delegación de Bienestar Social y no puedo saber aún la postura del Ayuntamiento como tal ante este tipo de situaciones, porque el Ayuntamiento no tiene competencias legales al respecto, pero la mía particular es que creo legítimo la ocupación", aclaró. También puntualizó que en el caso en el que las viviendas fueran de Vimcorsa, "no se deben ocupar, ya que están destinadas a un fin social; yo le pido a la gente que tengan en cuenta que esas casas están destinadas para personas que tienen necesidad".

El concejal de Bienestar Social, activista de Stop Desahucios, recordó que "vengo de la lucha y aquí vuelvo [a apoyar a una familia desahuciada], porque quiero continuar en la lucha; creo que desde las instituciones se puede también hacer activismo, luchar para que la gente que sufre, que lo está pasando mal, como Paco y Pepi, tenga una vida mejor".

Del Castillo habló de que el gobierno municipal ya está trabajando en la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Vivienda, que tiene entre sus objetivos el de "mediar ante los diferentes bancos en el caso de que se hable de una hipoteca que no se puede pagar para encontrar la solución o mediar en los desahucios energéticos, con el fin de que la vivienda tenga luz y agua". En concreto, insistió en que en estos momentos se escribe el protocolo y los objetivos de la oficina, con la que el Ayuntamiento pretende que "cualquier cordobés con problemas ante un desahucio inminente y ante encontrarse sin una alternativa habitacional pueda acudir ahí e informarle de las diferentes opciones que tiene", destacó el concejal.

Otra de las encomiendas de la oficina será, según dijo, la de negociar "con los bancos que hoy día tienen en Córdoba casas vacías" para conseguir alquileres sociales. "El problema de la vivienda se podría arreglar porque hay casas para todos, pero están vacías, después de que durante mucho tiempo se haya especulado con el derecho de la vivienda, se hayan subido los precios de los pisos de forma artificial para llenarse los bolsillos de unos cuantos y haya habido graves delitos económicos contra la gente", resaltó. El concejal de Bienestar Social incidió al respecto en que "ahora le toca a muchos de los causantes de este drama que se vive ponerse manos a la obra trabajando con las diferentes administraciones para buscar una solución". E insistió en que desde el Ayuntamiento "hay capacidad para sentarse con los diferentes entes financieros, hablar y ver qué se puede hacer con sus viviendas vacías; porque es más eficaz para ellos ponerlas a disposición de la gente con alquileres sociales que dejarlas vacías destrozándose". Para ello puso el ejemplo de la vivienda ocupada por Francisco y Josefa. "La han dejado mejor que la encontraron. Cuando la ocuparon tenía, por ejemplo, las puertas rotas; sería increíble que los multaran por ocupar una casa que han dejado mejor de lo que estaba", dijo.

Asimismo, hizo hincapié en que el Ayuntamiento tiene contratos financieros con diferentes entidades, "a las que habría que pedirles una sensibilidad social ante esto; creo que en nuestras manos debería de estar contemplado, a la hora de contratar cualquier servicio financiero con una entidad, si tiene esa sensibilidad que debe tener encaminada a ir arreglando entre todos el problema tan grave", apostilló. También habló del problema energético al que se enfrentan las familias destacando que con la empresa municipal Emacsa hay "menos problemas, porque es pública", pero en el caso de la luz y energía, habría que ver si las empresas suministradoras "están dispuestas a dar servicios teniendo en cuenta cláusulas sociales con sensibilidad, algo que habrá que contemplar a la hora de ver si se renuevan o no" los contratos con las diferentes suministradoras, recalcó. Del Castillo adelantó que quiere hablar con los diferentes agentes sociales que trabajan en pos del derecho a la vivienda para establecer un programa de acción conjunta, de tal forma que si se consigue "complicidad con los diferentes agentes habrá mas éxito".