Cinco apuntes de la academia sobre la 'realidad' del régimen constitucional del 78: ¿crisis anunciada o régimen falseado?

La academia, y especialmente la universitaria, muestra habitualmente sus obras en el seno de su comunidad científica, pero en ocasiones lo hace en foros externos, enseñando sus resultados en ámbitos ajenos a los propios y divulgando así su incipiente legado a la sociedad de la que forma parte. Y esta tribuna cordobesa es un aporte representativo de esa función social de la academia universitaria, un aporte que, en este caso, no es sino un regreso al “saber del pasado” que consta en los archivos académicos sobre la realidad del régimen constitucional vigente, medio siglo después del fin del régimen franquista y del despertar ilusionante de la sociedad española por la democracia.

Porque esa ilusión histórica ya está perdida desde hace demasiado tiempo, y se ha perdido esencialmente por el desprestigio de la política contemporánea, desprestigio que nos han mostrado, entre otros intelectuales, solventes académicos del Derecho Público, creyentes, además, en el régimen constitucional del 78 y colaboradores activos en su implementación y consolidación misma. Hace ya dos décadas lo afirmaba Joan Prats i Catalá en su estudio Conceptualización y elogio de la política: “En nuestro tiempo se registra un fenómeno único en la historia: la democracia es el régimen político que merece mayor apoyo a nivel popular; pero la política democrática -la verdadera política- y las instituciones en que se produce -especialmente los partidos políticos y el Parlamento- acusan una sensible pérdida de confianza en casi todos los países. No hay desafección respecto de los ideales democráticos, pero sí respecto de las prácticas y las instituciones políticas en que han encarnado…”.

También los constitucionalistas manifestaron pronto su inquietud por la desafección social de la democracia. Con carácter general o universal, lo expresaba específicamente Javier García Roca en su Prólogo a la obra La selección de candidatos electorales en los partidos: “No cabe duda de que estamos viviendo un momento en que el desencanto con la política es creciente y general. En casi todos los países del mundo occidental (hablo de éste por ignorancia de lo que ocurre en el otro hemisferio), los ciudadanos sienten un grado creciente de insatisfacción con el funcionamiento de sus democracias. La cosa pública, por llamarla así invocando su sentido clásico, está venida a menos…”.

Pero serían dos cualificados administrativistas quienes, con más concreción, denunciaron ciertas causas relevantes de ese desapego social de la democracia y de la política democrática. Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española (RAE), afirmó en su imprescindible obra Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo que estamos ante una “crisis constitucional”, ante un notable deterioro de las instituciones del Estado, desde los Parlamentos a los partidos políticos, desde el Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, desde los sindicatos a las Administraciones públicas, cuyo funcionamiento deja bastante que desear, preocupándose ya en 2012 porque “avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales”, puesto que “ninguna de ellas,…, funciona adecuadamente en España”.

Inmediatamente después, Miguel Sánchez Morón, en su significativo estudio Reformar el Estado; ¿modificar la Constitución? Apuntes para el debate se remonta a ciertos orígenes de esta crisis constitucional, que no sitúa precisamente en el siglo XXI, sino en los inicios mismos de la andadura del régimen constitucional del 78.

Mas crítico aún se mostraba años después otro constitucionalista, Carlos Ruiz Miguel, en su estudio Gobernabilidad, sistema parlamentario y fórmula electoral. La crisis del sistema constitucional español, denunciando que en la Constitución se aprecian ciertas “restricciones al principio democrático”, siendo la más grave la falta de representatividad democrática del Parlamento como consecuencia de la deriva del sistema electoral por circunscripciones territoriales y listas formadas por las direcciones de los partidos políticos.

Cinco advertencias o denuncias académicas, premonitorias entonces, y siempre desatendidas por sus destinatarios, sus cómplices, sus encubridores y sus inductores. Sorprendente, porque entonces (y ahora) la sociedad no se debate por la democracia o la dictadura; el régimen franquista ha pasado definitivamente a la historia, pese a los intentos de algunos de nuestros políticos de “resucitar a los muertos” con fines partidistas principalmente. El régimen democrático establecido en la Constitución de 1978 no se enfrenta a una involución totalitaria del pasado, al haberse consolidado lentamente desde la recuperación democrática del poder ejecutivo y legislativo por el Partido Socialista tras 35 años de espera. Rige, pues, un régimen constitucional, cierto es.

Ahora bien, es un régimen que aún presenta cierto déficit democrático nuclear. Como ya nos anunciara Joaquín Costa hace más de un siglo en Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, “no es verdad que la soberanía resida en la nación”, pues aún “España es una nación que se halla no arriba, donde debe estar, sino debajo; explotada, y no directora; sometida, y no gobernante…”. Y la causa esencial de este statu quo de “matrix democrático” no es sino la generalizada apropiación indebida de la política por los partidos políticos actuales y el uso esencialmente partidista del estado constitucional por los partidos. El régimen constitucional ha derivado, en realidad, hacia un estado de partidos y no hacia un régimen auténticamente democrático, régimen que, por cierto, ya deseaba el mismo constituyente del 78 propugnando en el Preámbulo de nuestra Carta Magna “una sociedad democrática avanzada”.